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Cambios al Código Procesal Penal

EN DEBATE. PARA EVITAR EL SOBRESEIMIENTO Y LA SENSACIÓN DE TRIUNFO DE LA IMPUNIDAD.

Agenda. Parlamento debe atender problemas que afronta la reforma penal.


Plantean necesidad de modificar plazo de la investigación preparatoria

Regulación actual es insuficiente para los casos de mayor complejidad

Pedro Angulo Arana Fiscal Superior en lo Penal

Nuestro Tribunal Constitucional, en una de sus últimas sentencias (Exp N° 2748-2010-PHC/TC, fundamento 10), ha expresado la necesidad de que se modifique el plazo de la investigación preparatoria para los casos de investigaciones complejas, que actualmente otorga el nuevo Código Procesal Penal y que concede 8 meses para investigar, pudiéndose ampliar ello, únicamente por el juez de la investigación preparatoria, solo por 8 meses más.
A lo referido, se suma un último planteamiento policial, para que, en caso de ciertos delitos considerados actualmente graves, el plazo de la detención, que posibilita una mejor, paralela y más amplia investigación, pueda ser de hasta 15 días, como se ha determinado que ocurra, por mandato constitucional, en los casos de delitos de espionaje, terrorismo y tráfico ilícito de drogas.

Por nuestro lado, modestamente, en razón de nuestro desempeño laboral en la fiscalía, consideramos, en verdad, que los pedidos efectuados constituyen temas urgentes que el legislativo debería poner en agenda, lo más pronto posible, pues tales tienen que ver con impedir que el delito se desarrolle en nuestro país, en magnitudes y formas que, lamentablemente, ya lo hace en países hermanos, como Colombia y México.

Por lo demás, lo solicitado puede decirse que va en sintonía con otras medidas que ya se han tomado, en pro del combate del delito, como la eliminación de beneficios para los autores de delitos graves o la misma habilitación efectuada por el TC, para que los procuradores puedan impugnar las sentencias que excluyan de las investigaciones a los procesados por TID y lavado de activos.

Subsanar dificultades
En relación con el tema del plazo de la investigación preliminar, lo cierto es que el extremo de los ocho meses resulta, evidentemente, muy corto, en razón de que sabemos bien que quienes delinquen, sea agrupados o más organizadamente, o bien tienen en su favor la planeación o poseen muchos recursos, a todo nivel, como para dificultar las investigaciones y hacer que las mismas demoren más de ocho meses, como para lograr sus objetivos de impunidad.
En tal sentido, es verdad que ante la investigación de delitos se presentan casos sencillos, puesto que en razón de las circunstancias o las personas que los cometen, se hacen fáciles de resolver, sin ofrecer mayor dificultad; tal fue el caso del ex monaguillo de 33 años Josafat Vargas Vitorino, quien se entregó en la comisaría de Apolo, en La Victoria, el 28 de marzo de 2008, confesando, ciertamente conmovido, la violación y muerte de una niña de 9 años.
Sin embargo, existen también otros casos, por ejemplo los homicidios que a pesar de no involucrar a demasiadas personas, como autores y cómplices, ni presentando las condiciones o “requisitos” que, en el nuevo CPP, identifican a los “casos complejos”, se presentan difíciles de esclarecer, demorando por ello, más de los ocho o dieciséis meses, establecidos como plazo.
Ello es precisamente lo que nos preocupa en demasía, puesto que consideramos que si el nuevo CPP estuviera rigiendo en Lima, muchos casos no serían aclarados, puesto que los involucrados solicitarían el control del plazo al juez de la investigación preparatoria, y motivarían a que legalmente se archive el asunto, mediante un sobreseimiento, lo que constituiría el triunfo de la impunidad.

Las investigaciones en casos complejos
Existen también limitaciones graves y contraproducentes en las normas anotadas, respecto a la investigación de los delitos comunes, como los homicidios, más grave aún, resulta el problema, si consideramos los megaprocesos, en que son investigados 20, 30, 40 o 60 o más personas. Así es que ante casos como los mencionados, los ocho o dieciséis meses resultan siendo casi nada.

En tal sentido, debe ponderarse que las personas que delinquen son también seres inteligentes, hábiles y diestros, y que si planifican y/o se organizan, pueden plantear serios desafíos a los operadores que persiguen el delito. En tales circunstancias, no puede pensarse que existan ni “fórmulas” mágicas ni adivinos para esclarecer los hechos. Ello significa que cada caso requerirá una dedicación acorde a la dificultad concreta que represente.

Otra norma que debe corregirse también es la que aparece en el art. 324,2 relativa al secreto de alguna actuación o documento, que la ley ha considerado que el fiscal puede disponer que se mantenga, sólo por 20 días, siendo prorrogable, por parte del juez de la investigación preparatoria, sólo hasta por 20 días más. Tal plazo, en realidad, no ayuda mucho y resultaría trayendo abajo la investigación.

Flagrancia
Otro tema es el de las investigaciones en casos de flagrancia delictiva o en casos de delitos graves (secuestros, extorsión, robo agravado), en que se consigue, en los primeros momentos, detener a los responsables, siendo lo malo que en tales circunstancias, se pretende que la persona detenida sólo puede estarlo por 24 horas.
En tales casos, el tema de la detención por sólo 24 horas aparece como una circunstancia fatal y pro impunidad, puesto que querría decir que se ha imaginado que todos los hechos en que se logra detener a los responsables, en las primeras horas o de modo flagrante, por algún arte se convertirían en ilícitos esclarecibles, dentro de las 24 horas; o peor, se supone que en ningún caso requerirán más actuaciones que las que podrán hacerse en 24 horas.
Tal tema tendría sencilla solución, extendiendo el tiempo posible de detención a 15 días, tal como lo pide la policía que realiza la investigación de los delitos. Por lo demás, consideramos que en cada caso concreto, la duración del plazo máximo, esto es 15 días, deberá justificarse de modo sustentado.

Por el interés público y el bien común
Ante el conocimiento concreto de las dificultades que se enfrentan al realizar las investigaciones del delito, descartando toda dejadez o pereza, lleva a solicitar, en favor del interés público y del bien común, que el Congreso se preocupe de afrontar esta reforma.

Precisamente, el TC, en una nueva sentencia (Exp. N° 03245-2010-PHC/TC), se acaba de pronunciar, repitiendo su invocación al Parlamento, en el fundamento 11 (Análisis del caso), recordando que el plazo que aparece en el código: “no se condice con la realidad social ni con la capacidad de actuación del Ministerio Público...”.

Así, por ejemplo, bajo la norma de los ocho meses y otros ocho más, no quedaría aclarado el caso de la cantante vernácula Alicia Delgado,
pues la investigación ya tiene 17 meses y todavía se realizan actuaciones de investigación. Igual sucede con los casos referidos a Claudina Herrera, el asesino de la maleta, o de la empresaria Miriam Fefer. En tal sentido, debe considerarse que muchos casos de homicidio sólo se llegan a esclarecer a los dos o tres años, y hasta a los cuatro
años de ocurridos.

En conclusión, si Lima estuviera bajo la norma del nuevo Código Procesal Penal, habría que resignarse a aceptar que ya se hubieran sobreseído o que, en lo inmediato, se sobreseerán todos los casos citados, vía el control del plazo de la investigación preparatoria, debido a que el legislador no consideró que ciertos casos penales poseerían dificultades inusuales en su esclarecimiento, sin que se tenga como motivo la desidia de los operadores.


Nuevos retos para la reforma penal

DESAFÍOS. ÉXITO DEL PROCESO DEPENDE BÁSICAMENTE DEL CAMBIO DE PARADIGMAS Y NO DE INVERSIONES MILLONARIAS.

Adiestramiento en técnicas de litigación e interrogatorio es vital


Lo principal es el cambio cultural de los operadores de la justicia

MARÍA ÁVALOS CISNEROS mavalos@editoraperu.com

Es una falacia pensar que el éxito del sistema penal acusatorio depende de una inversión millonaria en infraestructura y tecnología, pues lo fundamental en Estados Unidos y en muchos otros países de la región que avanzan hacia dicha reforma es el cambio de actitud y de paradigmas culturales, afirmó el juez federal, Frank Montalvo.
El magistrado, junto a los fiscales Adrián Gallegos y Ernesto López, expuso en Lima la vasta experiencia de su país en este modelo, a invitación de la Escuela del Ministerio Público.

El Perú actualmente se encuentra en una etapa de tránsito del sistema inquisitivo al garantista, con la aplicación progresiva del Código Procesal Penal. En este contexto, ¿cuáles son los desafíos que deben encarar las instituciones comprometidas con este cambio, según la experiencia estadounidense?
–Toda transición presenta una serie de retos e inquietudes, que irán siendo superados en la medida en que la reforma avance. Así, el principal desafío será el cambio de paradigmas de cómo los operadores se acercan al sistema. Quizá el reto mayor será para los abogados, ya sean fiscales o defensores, con el desarrollo de nuevas destrezas. Por ejemplo, ahora deberán dominar el arte de la presentación persuasiva o la destreza del interrogatorio o contrainterrogatorio, para la presentación de testigos y la acreditación de evidencias en la audiencia pública.

Los esfuerzos del país por aplicar el sistema acusatorio se justifican en la necesidad de avanzar hacia una justicia rápida y transparente. ¿Estamos en la ruta correcta?
–Sin lugar a dudas. El mejor ejemplo que te puedo dar es la labor de mí propio juzgado, que en el pasado año dictó más de 900 sentencias penales y otras 124 en materias como civil o contencioso administrativo. Esto da una idea de la efectividad del proceso.

De manera suspicaz, se podría pensar que el éxito del sistema en EE UU se debe a la mayor disponibilidad de recursos, del que precisamente carece el Perú. ¿Es así o no?
–Es cierto, hay un mal entendido al respecto. Mucha gente cree que en Estados Unidos el modelo funciona bien porque se tienen recursos, lo cual es falso. Lo fundamental es la actitud, es el cambio cultural de todos los operadores del sistema. Es una falacia pensar que el sistema depende en una inversión millonaria en infraestructura y tecnología.

Protocolos para la investigación
Una de las principales observaciones al modelo es el excesivo garantismo y hasta debilidad en el juzgamiento, ¿ cómo encarar esta crítica?
–He oído eso también y lo que pasa es lo siguiente. Todo sistema jurídico depende del desarrollo jurisprudencial. Si la norma dice, por ejemplo, que una vez efectuada una orden de captura, la persona será presentada ante el juez en 36 horas, pero resulta que el sujeto fue arrestado en una zona inaccesible y que solo el traslado demora dos días, entonces cuando llega al juez, si este no tiene manera de interpretar la norma razonablemente, lo dejará ir. Ese es el problema. No hay jurisprudencia.

¿Cuáles son las ventajas y falencias del sistema en EE UU?
–Con más de 200 años de vigencia del sistema acusatorio, diría que lo principal es la transparencia, pues como los casos se ventilan en público, las personas se convierten en el medio más eficaz de señalar las falacias e ineficiencias de los operadores. También la celeridad, al existir la responsabilidad por preparar el caso en un término razonable. Igualmente, este sistema es evaluado constantemente por los operadores para ver sus afinamientos. Se labora, además, con mucho respeto entre todos aquellos que intervienen en el sistema. ¿De las debilidades? La necesidad contar con defensores suficientes y competentes para la representacion legal del derecho del acusado.

Las salidas alternativas
Con este sistema la mayoría de casos se resuelven a través de las salidas alternativas. ¿Es un logro o una debilidad por la prueba?
–Es cierto, sucede también en EE UU. Aquí la responsabilidad recae en el fiscal que deberá justificar su decisión en razones de economía procesal. Además, el juez puede rechazar el acuerdo y hacer que el fiscal siga el juicio.

¿Cómo coordinan fiscales y la policía en EE UU?
–Se cuenta con protocolos para diversos crímenes, que pueden ser aquellos contra la persona, como el robo. Aquí, los fiscales no se inmiscuyen hasta que no haya una denuncia. En crímenes complejos, eso es diferente.

Lo que viene
En este camino que nos falta para que la reforma llegue a Lima, ¿qué debemos hacer?
Desarrollar más capacitadores. Aprender de los distritos donde ya está implementada
la reforma, para observar sus debilidades. Redactar protocolos de investigación.
La capacitación debe ir junto con la implementación.

Revista "Jurídica" Edicion 326





Revista "Jurídica", suplemento de análisis legal con lo ultimo en temas de actualidad jurídica, esta semana en su edición 326 nos trae los siguientes temas:

  • Razonabilidad y justicia
  • Importancia del Derecho ambiental
  • Fase intermedia en el nuevo proceso penal
  • El sufragio femenino en el Perú
  • Origen de la voluntad impugnativa

Más confiabilidad en la justicia

MODERNIZACIÓN. SE ALISTAN TAMBIÉN CAMBIOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS SALAS PENALES DE LA CORTE SUPREMA

Con el nuevo Código Procesal Penal disminuye número de quejas, afirma

Pese a las dificultades, califica como positiva avance de reforma penal



PAUL HERRERA GUERRA pherrera@editoraperu.com.pe

Positivos resultados genera hasta el momento la implementación progresiva del nuevo Código Procesal Penal, aunque con algunas dificultades superables, advierte el magistrado y presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, César San Martín Castro, quien, además, analiza la mejora de la confiabilidad en el servicio de justicia y la agenda jurídica de cara al bicentenario de nuestra independencia.

¿Cuál es el balance de la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
–La comisión especial de implementación de este código ha elaborado un balance, que en términos generales, es bastante positivo en lo que respecta a celeridad, transparencia y a las prácticas que está generando un modelo preponderantemente oral. Aunque no ocultamos las dificultades. Tenemos problemas de gestión a partir de las notificaciones pero estamos trabajando intensamente para superarlos. Existen problemas con la interpretación de instituciones y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema trabaja intensamente para dar las indicaciones de cómo debe interpretarse y aplicarse la ley. Hay un tema de presupuesto que es inevitable, así como de la capacitación. Y claro, el reto es cómo interpretar adecuadamente un código como este para garantizar no solo los derechos de los imputados sino también la seguridad ciudadana.
Todos somos posibles imputados, pero también posibles víctimas y en esa línea tenemos que trabajar con prudencia y, sobre todo, con mucho equilibrio. Lo que hace la Corte Suprema, con intenso trabajo, es precisamente garantizar ese equilibrio.

¿Está de acuerdo con la reprogramación de la implementación del nuevo código?
–La reprogramación se dio por una razón de carácter presupuestal. Un código es un programa de acción para todos los vinculados al sistema de justicia, incluyo a abogados y ciudadanos. Un código o ley en una reforma general es solo el 10 % para enfrentar el problema. El 90 % es un tema de gestión, de voluntad política, de imaginación, e indudablemente de dinero. Por tanto hay que trabajar con prudencia en las perspectivas de proyección del código, con intensidad y seriedad en el trabajo aplicativo, y sobre todo con gran voluntad política y moral de ir aplicando creativamente un modelo como el nuestro que cumple los principios programáticos fundamentales de una constitución democrática. Este código expresa, en lo fundamental, los principios básicos del estado constitucional en materia de lucha contra la criminalidad y administración de justicia penal, a eso no se puede renunciar. Hay que ir trabajando con fuerza, seriedad, celeridad, con mucho equilibrio para ir sobre todo también detectando los errores y subsanarlos.

¿Cuál es el principal logro de esta reforma procesal penal?
–La buena confiabilidad que genera el modelo o sistema de justicia consagrado en el nuevo Código Procesal Penal. Actualmente, ha bajado cerca del 70 por ciento las quejas basadas en el nuevo código. En el marco del nuevo código, el procesado observa la performance de los fiscales, abogados y, luego, apoyado en eso, el juez decide inmediatamente. Aunque, ahora nos escandalizamos mucho con el presunto culpable liberado, nadie se escandaliza con el presunto inocente encarcelado. ¡Cuidado! Se deben ver las dos cosas.

Avanza pleno
1 La Coordinación del Sexto Pleno Jurisdiccional Penal de la Corte Suprema aprobó el reglamento para el desarrollo de la audiencia pública a realizarse el 4 de noviembre con la participación de instituciones vinculadas al ámbito jurídico, inscritas y admitidas para este acto.

2 Según el reglamento, las instituciones seleccionadas para intervenir deben acreditar a sus representantes que sustentarán las ponencias, hasta el 29 de octubre.

Agenda al bicentenario

En su opinión, ¿cuál es la agenda para el bicentenario en materia de justicia penal y procesal penal?
–Tiene que partir con la agenda de la globalización de la justicia criminal. Ya es tiempo de observar que el delito es un fenómeno de proyecciones internacionales. Los próximos diez años deben ser de profundización de la cooperación penal internacional y policial, pero sobre todo de la tecnificación. En materia criminal, la cibercriminalidad va a ser el punto central. También está la capacitación, lo nuevo requiere métodos de enseñanza y estrategias nuevas, para luego acompasar todo nuestro desarrollo con nuestros vecinos. Estos diez años que vienen deben ser de la integración y cooperación y, por tanto, por ahí tenemos que caminar.

¿El nuevo Código ayuda?
–Ayuda porque se orienta en una corriente latinoamericana, que es del cambio. Pero toda la justicia tiene que apuntalar y ordenarse a partir de estos fenómenos de internacionalización y globalización. Nos queda un camino bastante largo con mucho que hacer y, en el terreno mejorar intensamente, más que nuestras leyes, a las instituciones para que se sepan adaptar.

Revista "Juídica" Edición 325




Como todas las semanas tenemos la la revista de análisis legal "Jurídica", esta semana los temas son:

  • ¿Sobrecriminalización en la reincidencia y habitualidad?
  • Nueva Ley Procesal de Trabajo y el Poder Judicial
  • ¿Qué es el Corpus Iuris Canonici?
  • Arbitraje de consumo en el Código de Protección y Defensa del Consumidor
  • Cuatro años de vigencia del Codigo Procesal Penal del 2004

Clase de Derecho Procesal Penal: La investigación preparatoria



CURSO: Derecho Procesal Penal
TEMA: La investigacion preparatoria
PROFESOR: Dr. Juan Guillermo Piscoya
AÑO ACADEMICO: Cuarto "A"
FECHA DE LA CLASE: 18-10-2010
TIPO DE ARCHIVO: Power Point
 

Diapositivas de la ultima clase de Derecho Procesal Penal



Diapositivas de la ultima clase de Derecho Procesal Penal: 

CURSO: Derecho Procesal Penal
TEMA: "Los principios procesales del Derecho Procesal Penal"
PROFESOR: Dr. Juan Guillermo Piscoya
AÑO ACADEMICO: CUARTO "A"
FECHA: 14-10-2010
TIPO DE ARCHIVO: Power Point

Revista "Jurídica" Edicion 322


Esta semana en "Jurídica" Edicion 322

CONTENIDO:

  • Abuso del derecho
  • La pretensión procesal en el Codigo Procesal Civil
  • Peruanidad y trascendencia jurídica de Jorge Chavez Dartnell
  • La seguridad ciudadana
  • Tecnicas de argumentación jurídica para la litigación oral y escrita

Echaíz advierte que adelanto de nuevo código propuesto por el Ejecutivo puede generar impunidad

Fiscal de la Nación opinó que su ejecución para casos de corrupción de funcionarios tiene algunas incongruencias y, además, no hay recursos suficientes para su aplicación



Por Mario Mejía

A la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, le preocupa no solo que el Ejecutivo haya paralizado el plan de implementación del nuevo Código Procesal Penal en Lima, Áncash y en otros 11 distritos judiciales, sino también que al mismo tiempo haya dado una ley que adelanta la vigencia de ese código para delitos de corrupción, cuya ejecución, según su opinión, puede acarrear problemas e incluso la prescripción de algunos delitos. Asegura que la norma tiene algunas incongruencias que deben revisarse.

¿Es viable el adelanto del nuevo Código Procesal Penal en todo el país para delitos cometidos por funcionarios públicos?
Esta norma esta pensada para que su aplicación sea progresiva. Para que sea exitosa se necesita recursos económicos, capacitar a los operadores y una campaña de difusión. Nos preocupa porque se debe aplicar en 13 distritos judiciales y no tenemos el presupuesto que se requiere para ello.

La ley habla de cuatro meses para la adecuación de la norma antes de empezar a implementarse, ¿será suficiente?
En insuficiente. Un proceso para adquirir computadoras toma de tres a cuatro meses. Hay que adquirir locales, incrementar el número de fiscales, prepararlos, además los delitos de corrupción de funcionarios demandan un trabajo especializado principalmente de orden financiero y contable, se necesitan peritos, pericias.

¿Qué riesgos implican apresurar el nuevo código?
Lo que más nos preocupa es que la disposición complementaria dice que los procesos en trámite deben adecuarse al nuevo procedimiento y que esos procesos se rigen por sus recursos impugnatorios, pero el nuevo código ya no trae el recurso de nulidad, entonces qué vamos a hacer en ese caso. Hay ciertas incongruencias en la norma que es necesario revisar, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar esto.

Se habla del peligro de que puedan prescribir algunos delitos.
La adecuación de algunos procesos en curso, que tienen tres o cuatro años, al nuevo código que tiene otra modalidad de trabajo puede conllevar a la prescripción o la impunidad.

¿Sabe cuánto dinero se necesita para la implementación de esta ley?
No lo sabemos, no nos han convocado ni preguntado nada hasta la fecha, nosotros estamos haciendo un estimado de lo que podría demandar esta implementación. Hay muchas idas y venidas, no sabemos cuál ha sido la real intención al dar esta norma.

¿Es cierto que se ha paralizado la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
De acuerdo al cronograma, el nuevo Código Procesal Penal debía entrar en vigencia en el Santa y en Áncash el 1 de octubre, pero se dijo que eso se suspendía para poder implementarlo en Lima y hasta se habló de que había S/.450 millones para eso. Pero de un momento a otro dijeron que no había presupuesto y que tampoco podrá implementarse en Lima ni en ninguna parte. Se dejó de lado la implementación, pero de pronto nos salen con esta ley que adelanta el código para delitos de corrupción.

No hay dinero para Código Procesal Penal

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, advierte que por ello no se podrá implementar de acuerdo con el cronograma previsto.


No está dispuesta a asumir responsabilidades ajenas. La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, informó que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) no se podrá implementar de acuerdo con el cronograma previsto debido a que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no le ha entregado los recursos necesarios.

Ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo, dijo que, por lo pronto, el nuevo código no se podrá aplicar en los distritos judiciales de Áncash y el Santa, y tampoco en los de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, entre otros.

“No sabemos si nos van a dar los recursos, pero estoy segura de que las exigencias de resultados van a venir inmediatamente, con lo cual el Ministerio Público carga un pasivo del cual no es responsable”, cuestionó. Asimismo, criticó que se disponga la implementación del nuevo CPP a los delitos de corrupción de funcionarios públicos sin el debido sustento económico.

Perú 21

Adelantan entrada en vigencia de nuevo Código Procesal Penal para funcionarios corruptos

El presidente Alan García señaló que ahora los malos funcionarios pueden ser procesados en cuestión de horas si confiesan su falta


A partir de mañana se adelanta la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal para los delitos cometidos por funcionarios públicos, según anunció hoy el presidente Alan García Pérez. “A partir de mañana pueden ser enjuiciados los funcionarios que estén inmiscuidos o que hayan cometido delitos de corrupción”, expresó el jefe del Estado en Palacio de Gobierno.

El mandatario explicó que este adelanto del Código Procesal Penal permitirá incluso que los funcionarios pueden ser procesados en horas si confiesan la falta.

JUICIOS MÁS BREVES
García recordó que con el antiguo Código Procesal un funcionario que comete un delito se mantiene en su cargo durante la investigación, la misma que dura meses o años sin sanción alguna. En cambio ahora podrá ser enjuiciados de inmediato.

“El contralor dijo que hay más de mil funcionarios del aparato público denunciados, y que no pasaba nada. A esos mil funcionarios que han cometido delito en los últimos años, desde mañana hay que aplicarles este Código, y así, ipso facto, acudirán a la audiencia, debe hacerse la investigación en horas y el juez emitirá una resolución”, remarcó García, quien durante la ceremonia estuvo acompañado del presidente del Congreso, César Zumaeta, y la ministra de Justicia, Rosario Fernández.

El Comercio

Dos abogados para defensa de "El Burro"

MAGISTRADOS INCORPORAN AL PROCESO AL "GORDO LUCHO"



Dos abogados se presentaron ante los vocales de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lambayeque, para demandar buen trató para su defendido José Luis Torres Saavedra (a) "El Burro".

Los hombres de leyes Luis Neciosup Salcedo y José Luis Quiroga Seclén, sostuvieron a los magistrados que "El Burro" viene recibiendo un trato no adecuado en el penal de Piedras Gordas, en Lima.

Indican que se encuentra aislado y no estaría recibiendo atención médica, la que necesita por estar padeciendo de gastritis crónica.

Además, los letrados hicieron saber que la audiencia programada para ayer en una sala especial del penal de Picsi donde José Luis Torres Saavedra es el principal implicado al pesar sobre él una acusación por el delito de robo agravado, en la modalidad de extorsión, no se podía realizar por la ausencia de su patrocinado, quien debería estar presente para escuchar los cargos que el Ministerio Público le imputa.

OTRO IMPLICADO. La presidenta de la Segunda Sala Penal Liquidadora de Lambayeque, Cecilia Tutaya Gonzáles, hizo conocer que la audiencia no se podía suspender por la ausencia de José Luis Torres Saavedra, ya que al proceso se había incorporado Luis Alberto Collantes Sánchez (a) "Gordo Lucho", quien es sindicado de ser integrante de la banda de "El Burro" y haber extorsionado al transportista Jorge Luis Soriano Sánchez.

El Peruano

Esta semana en Juridica

"Jurídica" es la revista semanal del Diario Oficial "El Peruano" sobre análisis de diversos temas legales.

Los temas de esta semana son:

  • La impugnación en el nuevo Código Procesal Penal
  • Urge sistematizar la normatividad sustantiva penal vigente
  • La integración jurídica americana
  • La nulidad de las actas de infracción