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Echaíz advierte que adelanto de nuevo código propuesto por el Ejecutivo puede generar impunidad

Fiscal de la Nación opinó que su ejecución para casos de corrupción de funcionarios tiene algunas incongruencias y, además, no hay recursos suficientes para su aplicación



Por Mario Mejía

A la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, le preocupa no solo que el Ejecutivo haya paralizado el plan de implementación del nuevo Código Procesal Penal en Lima, Áncash y en otros 11 distritos judiciales, sino también que al mismo tiempo haya dado una ley que adelanta la vigencia de ese código para delitos de corrupción, cuya ejecución, según su opinión, puede acarrear problemas e incluso la prescripción de algunos delitos. Asegura que la norma tiene algunas incongruencias que deben revisarse.

¿Es viable el adelanto del nuevo Código Procesal Penal en todo el país para delitos cometidos por funcionarios públicos?
Esta norma esta pensada para que su aplicación sea progresiva. Para que sea exitosa se necesita recursos económicos, capacitar a los operadores y una campaña de difusión. Nos preocupa porque se debe aplicar en 13 distritos judiciales y no tenemos el presupuesto que se requiere para ello.

La ley habla de cuatro meses para la adecuación de la norma antes de empezar a implementarse, ¿será suficiente?
En insuficiente. Un proceso para adquirir computadoras toma de tres a cuatro meses. Hay que adquirir locales, incrementar el número de fiscales, prepararlos, además los delitos de corrupción de funcionarios demandan un trabajo especializado principalmente de orden financiero y contable, se necesitan peritos, pericias.

¿Qué riesgos implican apresurar el nuevo código?
Lo que más nos preocupa es que la disposición complementaria dice que los procesos en trámite deben adecuarse al nuevo procedimiento y que esos procesos se rigen por sus recursos impugnatorios, pero el nuevo código ya no trae el recurso de nulidad, entonces qué vamos a hacer en ese caso. Hay ciertas incongruencias en la norma que es necesario revisar, vamos a presentar un proyecto de ley para modificar esto.

Se habla del peligro de que puedan prescribir algunos delitos.
La adecuación de algunos procesos en curso, que tienen tres o cuatro años, al nuevo código que tiene otra modalidad de trabajo puede conllevar a la prescripción o la impunidad.

¿Sabe cuánto dinero se necesita para la implementación de esta ley?
No lo sabemos, no nos han convocado ni preguntado nada hasta la fecha, nosotros estamos haciendo un estimado de lo que podría demandar esta implementación. Hay muchas idas y venidas, no sabemos cuál ha sido la real intención al dar esta norma.

¿Es cierto que se ha paralizado la implementación del nuevo Código Procesal Penal?
De acuerdo al cronograma, el nuevo Código Procesal Penal debía entrar en vigencia en el Santa y en Áncash el 1 de octubre, pero se dijo que eso se suspendía para poder implementarlo en Lima y hasta se habló de que había S/.450 millones para eso. Pero de un momento a otro dijeron que no había presupuesto y que tampoco podrá implementarse en Lima ni en ninguna parte. Se dejó de lado la implementación, pero de pronto nos salen con esta ley que adelanta el código para delitos de corrupción.

No hay dinero para Código Procesal Penal

La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, advierte que por ello no se podrá implementar de acuerdo con el cronograma previsto.


No está dispuesta a asumir responsabilidades ajenas. La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, informó que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) no se podrá implementar de acuerdo con el cronograma previsto debido a que el Gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, no le ha entregado los recursos necesarios.

Ante la Comisión de Presupuesto del Legislativo, dijo que, por lo pronto, el nuevo código no se podrá aplicar en los distritos judiciales de Áncash y el Santa, y tampoco en los de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Pasco, Junín, Huánuco, entre otros.

“No sabemos si nos van a dar los recursos, pero estoy segura de que las exigencias de resultados van a venir inmediatamente, con lo cual el Ministerio Público carga un pasivo del cual no es responsable”, cuestionó. Asimismo, criticó que se disponga la implementación del nuevo CPP a los delitos de corrupción de funcionarios públicos sin el debido sustento económico.

Perú 21

Fiscalía de la Nación pidió la derogación o reforma del Decreto Legislativo 1097

El encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez, adelantó que ha dispuesto el análisis de la norma para interponer una demanda de inconstitucionalidad


Con el fin de que se derogue o reforme la norma, el fiscal supremo encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde, pidió la urgente revisión del cuestionado Decreto Legislativo 1097, que permite el sobreseimiento (el fiscal se inhibe de hacer una denuncia penal), por exceso de plazo, en casos seguidos a militares por violaciones de derechos humanos.

Pablo Sánchez Velarde expresó su preocupación por el referido decreto que, según dijo, afecta normas constitucionales e internacionales. Por ello, adelantó que ya ha dispuesto el análisis del documento para interponer una demanda de inconstitucionalidad.

El Decreto Legislativo 1097 “genera un trato personal y preferente y a la vez desigual con relación a los procesados por los mismos delitos, pero que no tienen la condición de militar o policial, alterándose sustancialmente las normas de procedimiento existentes”, señaló el fiscal.

El magistrado indicó que esta norma posibilita el sobreseimiento (archivo) de los casos por dilación en el plazo de investigación, “quebrando el procedimiento que tenemos y generando una sensación de impunidad”. Precisó además que el nuevo Código Procesal Penal “no establece el sobreseimiento por exceso de plazo de investigación”.

“LESIONA EL MARCO CONSTITUCIONAL”
Asimismo, subrayó que la primera disposición complementaria final señala que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sólo rige a partir del 9 de noviembre del 2003 y que, por el contrario, los crímenes cometidos antes de esa fecha carecen de tal calificativo.

Ante ello, puso hincapié en que dicha norma “lesiona gravemente nuestro marco constitucional y las leyes internacionales sobre la materia, y contraviene lo dispuesto en distintas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las del Tribunal Constitucional peruano”.

El Comercio