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Poder Judicial rechazó pedido del Grupo Colina para que se archiven sus juicios por violación a los DD.HH.

La Primera Sala Anticorrupción declaró inaplicable el ahora derogado DL 1097 que habían invocado dichos militares, entre ellos Santiago Martin Rivas


La Primera Sala Anticorrupción rechazó el pedido de 21 militares, entre ellos ex miembros del Grupo Colina, quienes buscaban el sobreseimiento o archivo del juicio que afrontan por los casos Barrios Altos, El Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri.

Según informó Radio Programas, el Tribunal presidido por la jueza superior Inés Villa Bonilla declaró inaplicable el ahora derogado Decreto Legislativo 1097, el cual fue invocado por los militares, quienes argumentaban el vencimiento del plazo de investigación en este caso.

La Sala consideró que la aplicación de este Decreto sería un acto de discriminación en procesos de militares y policías frente a civiles; lo que generaría una grave contradicción en los acuerdos suscritos por nuestro país con organismos internacionales de derechos humanos.

Asimismo, se argumentó que la aplicación del sobreseimiento en la etapa en la que se encuentra este juicio constituiría la negación del derecho a conocer la verdad y reparar a las víctimas en estos casos, es decir, la impunidad.

También se resolvió que el sobreseimiento no procede en casos de violaciones a los derechos humanos.

Luego de escucharse el fallo en la sala de audiencias de la Base Naval del Callao, la defensa legal de los militares presentó un recurso de nulidad sobre este fallo, a fin de que el mismo sea revisado por la Corte Suprema y se emita un veredicto definitivo al respecto.

Cabe señalar que entre los militares que pidieron acogerse al DL 1097 estaban el sindicado como jefe de Colina, Santiago Martin Rivas, y el general (r) Juan Rivero Lazo, quien fuera jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército cuando se formó dicho destacamento.

El Comercio

Por amplia mayoría, el pleno del Congreso aprobó derogar el polémico DL 1097

Con 90 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones la representación nacional dejó sin efecto la norma del Ejecutivo. Luis Giampietri se opuso a su derogación


El pleno del Congreso aprobó esta noche la derogatoria del Decreto Legislativo 1097, para dejar sin efecto el adelanto de la vigencia de algunos artículos del Nuevo Código Procesal Penal en caso de violaciones a derechos humanos.

La derogatoria logró en primera votación 90 adhesiones a favor, uno en contra del legislador Luis Giampietri, y ninguna abstención, tras un debate de casi tres horas.

El cuestionamiento a la norma provenía de las bancadas de oposición, cuyos representantes aseguraban que el dispositivo legal consagraba la impunidad a personas procesadas por violación a los derechos humanos.

Incluso los legisladores del Partido Nacionalista presentaron una demanda de inconstitucionalidad contra la norma, e instituciones como la Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana y la Comisión Interamericana de Derecho Humanos, cuestionaban su vigencia.

El Comercio

Ejecutivo presentó proyecto de ley para derogar polémico Decreto Legislativo 1097

A través de su cuenta en la red social Twitter, la Secretaría de Prensa del Palacio de Gobierno informó tal decisión



El Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para derogar el cuestionado Decreto Legislativo 1097 ante las presiones de grupos de oposición y organismos de derechos humanos.

Así lo anunció la Secretaría de Prensa de Palacio de Gobierno en su cuenta en Twitter. En tal sentido, el legislativo deberá tramitar la solicitud del Gobierno Central con carácter de urgencia.

El documento, que llegó a las 6 p.m. a la mesa de partes del Legislativo, lleva la firma del presidente de la República, Alan García, y el jefe del Gabinete de Ministros, Javier Velásquez Quesquén.

Según señala el documento, el Poder Ejecutivo consideró oportuno derogar el DL 1097 tras señalar que en su elaboración no se realizó un adecuado estudio o consulta a las instituciones jurídicas del país y solo se tomó en cuenta las opiniones del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.

De acuerdo con un informe de Canal N, el Ejecutivo reconoció que una mala interpretación de la polémica ley hace temer a la opinión pública la posibilidad de dar una amnistía encubierta a militares y policías procesados.

Se espera que mañana, martes, el pleno del Congreso de la República debata el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

A primeras horas de hoy, lunes, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, barajó la posibilidad de que se cree una comisión que se encargue de los procesos seguidos a personas acusadas de terrorismo, pues “hay una cantidad enorme de militares y policías que van a quedar desprotegidos porque sus procesos duraban muchísimo”.

Como se recuerda, la promulgación del DL 1097 generó críticas porque según sus detractores permitiría el sobreseimiento (archivo) del proceso judicial y posterior excarcelación a los militares y policias juzgados por cometer delitos de lesa humanidad.

El Comercio

Presidente García anuncia que no hará "cuestión de Estado" si Congreso deroga DL 1097

Asimismo, cuestionó críticas del Congreso al respecto, pues, señala, este fue el que otorgó facultades legislativas al Ejecutivo en esta materia, sin que las solicitara


El cuestionado Decreto Legislativo 1097 sigue generando polémica. El jefe de Estado, Alan García, señaló esta mañana que el Ejecutivo no hará “cuestión de Estado” si el Congreso decide derogar la norma: “No es un tema de enorme dimensión que vaya a detener la marcha de la República, es un tema procesal”.

Así, el presidente de la República indicó que la discusión en el Legislativo sobre la modificación o derogatoria del decreto debe iniciarse “de una vez”; sin embargo, cuestionó que ahora el Parlamento critique la norma que fue promulgada por el Ejecutivo en virtud a facultades extraordinarias entregadas por el mismo Congreso.

García recordó —mientras inspeccionaba obras viales en Ate Vitarte— que el Legislativo otorgó facultades al Ejecutivo sobre el Código Militar y el Código Policial y luego incluyó un tercer tema no solicitado: “Extrañísimo, los parlamentarios ahora cuestionan que el Ejecutivo legislara sobre enjuiciamiento por violación de derechos humanos o actos judiciales (…). (Ahora) queremos escuchar las posiciones de las bancadas, porque se lavaron las manos enviando al Poder Ejecutivo una autorización que no pedimos”.

CONTRASTA CON OPINIÓN DE MINISTRO DE JUSTICIA
A pesar de ello, el titular de Justicia, Víctor García Toma, había señalado esta mañana que el Consejo de Ministros evalúa enviar una solicitud al Congreso para que este derogue, cuanto antes, la referida norma.

PRESIDENTE DEFIENDE A REY
García Pérez también consideró que el ministro de Defensa, Rafael Rey, no tuvo una actuación indebida en el impulso de esta norma, porque consultó a quienes estaban a favor y en contra de la misma. Sin embargo, en una entrevista publicada hoy por La República, el titular de la PCM, Javier Velásquez Quesquén, indicó que “no tenía conocimiento” sobre las consultas que le había hecho Rey al abogado César Nakazaki —defensor del sentenciado ex presidente Alberto Fujimori y que el titular de Defensa debe “asumir su responsabilidad al respecto”.

El Comercio

Santiago Martin Rivas solicitó archivamiento de su proceso por Caso La Cantuta

El sindicado jefe del Grupo Colina se acogió al DL 1097 junto a Rogelio Carvajal, otro de los procesados. Antes lo hizo el ex director de Inteligencia, Juan Rivero Lazo, por el Caso Barrios Altos


El sindicado jefe del Grupo Colina, Santiago Martin Rivas, invocó el cuestionado Decreto Legislativo 1097 y solicitó el archivamiento del proceso que se le sigue por el Caso La Cantuta.

Según informó Aprodeh, Martin Rivas justificó el pedido por haberse excedido el plazo de 14 meses de instrucción y señaló que el derecho de los deudos de las víctimas a conocer la verdad, así como la obligación de sancionar a los responsables, no debe prevalecer sobre sus derechos.

NO ES EL ÚNICO
Un pedido similar fue presentado por Rogelio Carvajal, otro de los miembros del Grupo Colina. En declaraciones recogidas por Canal N, la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, señaló que espera que la justicia no admita estos pedidos y demandó al Gobierno dejar sin efecto dicha norma.

Rivas es procesado por homicidio calificado, secuestro agravado y desaparición forzada en agravio de un profesor y nueve alumnos de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, más conocida como La Cantuta.

Hay que recordar que no son los únicos. La semana pasada el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general (r) Juan Rivero Lazo, solicitó a la Primera Sala Penal Especial Anticorrupción el sobreseimiento (archivo) de su proceso judicial por la matanza de Barrios Altos. Él era director de Inteligencia cuando se formó el Grupo Colina.

El Comercio

Propuesta del Mindef sobre el DL 1097 proponía prescriptibilidad de delitos de lesa humanidad




Así lo reveló el ministro de Justicia, Víctor García Toma, quien se mostró a favor de que el Congreso derogue la norma

La prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad era un planteamiento incluido en la propuesta inicial del Ministerio de Defensa sobre el polémico Decreto Legislativo 1097, que establece el archivamiento de procesos a militares y policías por violación a los derechos humanos, en caso se hayan excedido los plazos legales.

Así lo reveló a Canal N el titular de Justicia, Víctor García Toma, quien dijo haberse opuesto siempre a la propuesta de la cartera dirigida por Rafael Rey .

“El Ministerio de Defensa planteaba la prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Otro aspecto controvertido era el de la aplicación automática del sobreseimiento, que visto de una manera desnuda, podría llevar a la impunidad”, refirió García Toma.

Al respecto, aseguró que gracias a su insistencia y la de otros ministros, finalmente se aprobó el texto final con la exposición de motivos consensuada por el Consejo de Ministros .

En tanto, dijo que no derramará “una sola lágrima” si se deroga la norma, medida con la que el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Aurelio Pastior, se mostró a favor.

El Comercio

Fiscalía de la Nación pidió la derogación o reforma del Decreto Legislativo 1097

El encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez, adelantó que ha dispuesto el análisis de la norma para interponer una demanda de inconstitucionalidad


Con el fin de que se derogue o reforme la norma, el fiscal supremo encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde, pidió la urgente revisión del cuestionado Decreto Legislativo 1097, que permite el sobreseimiento (el fiscal se inhibe de hacer una denuncia penal), por exceso de plazo, en casos seguidos a militares por violaciones de derechos humanos.

Pablo Sánchez Velarde expresó su preocupación por el referido decreto que, según dijo, afecta normas constitucionales e internacionales. Por ello, adelantó que ya ha dispuesto el análisis del documento para interponer una demanda de inconstitucionalidad.

El Decreto Legislativo 1097 “genera un trato personal y preferente y a la vez desigual con relación a los procesados por los mismos delitos, pero que no tienen la condición de militar o policial, alterándose sustancialmente las normas de procedimiento existentes”, señaló el fiscal.

El magistrado indicó que esta norma posibilita el sobreseimiento (archivo) de los casos por dilación en el plazo de investigación, “quebrando el procedimiento que tenemos y generando una sensación de impunidad”. Precisó además que el nuevo Código Procesal Penal “no establece el sobreseimiento por exceso de plazo de investigación”.

“LESIONA EL MARCO CONSTITUCIONAL”
Asimismo, subrayó que la primera disposición complementaria final señala que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sólo rige a partir del 9 de noviembre del 2003 y que, por el contrario, los crímenes cometidos antes de esa fecha carecen de tal calificativo.

Ante ello, puso hincapié en que dicha norma “lesiona gravemente nuestro marco constitucional y las leyes internacionales sobre la materia, y contraviene lo dispuesto en distintas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las del Tribunal Constitucional peruano”.

El Comercio