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Fiscalía de la Nación pidió la derogación o reforma del Decreto Legislativo 1097

El encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez, adelantó que ha dispuesto el análisis de la norma para interponer una demanda de inconstitucionalidad


Con el fin de que se derogue o reforme la norma, el fiscal supremo encargado del despacho del Ministerio Público, Pablo Sánchez Velarde, pidió la urgente revisión del cuestionado Decreto Legislativo 1097, que permite el sobreseimiento (el fiscal se inhibe de hacer una denuncia penal), por exceso de plazo, en casos seguidos a militares por violaciones de derechos humanos.

Pablo Sánchez Velarde expresó su preocupación por el referido decreto que, según dijo, afecta normas constitucionales e internacionales. Por ello, adelantó que ya ha dispuesto el análisis del documento para interponer una demanda de inconstitucionalidad.

El Decreto Legislativo 1097 “genera un trato personal y preferente y a la vez desigual con relación a los procesados por los mismos delitos, pero que no tienen la condición de militar o policial, alterándose sustancialmente las normas de procedimiento existentes”, señaló el fiscal.

El magistrado indicó que esta norma posibilita el sobreseimiento (archivo) de los casos por dilación en el plazo de investigación, “quebrando el procedimiento que tenemos y generando una sensación de impunidad”. Precisó además que el nuevo Código Procesal Penal “no establece el sobreseimiento por exceso de plazo de investigación”.

“LESIONA EL MARCO CONSTITUCIONAL”
Asimismo, subrayó que la primera disposición complementaria final señala que la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad sólo rige a partir del 9 de noviembre del 2003 y que, por el contrario, los crímenes cometidos antes de esa fecha carecen de tal calificativo.

Ante ello, puso hincapié en que dicha norma “lesiona gravemente nuestro marco constitucional y las leyes internacionales sobre la materia, y contraviene lo dispuesto en distintas sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las del Tribunal Constitucional peruano”.

El Comercio

Capacitan a secigristas

MINISTERIO DE JUSTICIA


En lo que va del año, más de 600 estudiantes de derecho han sido capacitados en la aplicación de normas, como el nuevo Código Procesal Penal, Conciliación y Arbitraje, informó el director del Servicio Civil de Graduados (Secigra Derecho), Erwin Romero Merchor, tras destacar la participación de los universitarios a escala nacional.

Entre ellos, de Lima, Piura, Huaraz y Ayacucho. Próximamente lo harán en Huánuco.

El Peruano

Escándalo: acusan a jueces de recibir "favores sexuales" para no cerrar night club piurano

Una ex prostituta huyó del local e hizo una denuncia que incluye a tres jueces y dos oficiales de la PNP. El fiscal Avelino Guillén investiga el caso.


La Oficina de Control Interno del Ministerio Público inició una investigación en contra de tres magistrados, dos oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el administrador de la Fiscalía de Piura, por haber recibido supuestos “favores sexuales” a cambio de no investigar un night club en la ciudad de Piura.

La joven Gina Pinchi Calampa, ex prostituta, denunció que el dueño del local del que huyó, Carlos Chávez Montenegro, le exigía tener que ofrecer dicho tipo de servicios a los jueces Héctor Lama Martínez, Willy Dorador y Manuel López Sosaya para que no investiguen al night club.

“Chávez Montenegro decía que tenía que bailarle personalmente y de preferencia al señor Lama, y que el baile y encuentro íntimo eran parte de un pago. Él decía “ahí van US$100 y US$200”, indicó la mujer en su denuncia citada por el diario “Ojo”.

Pinchi Calampa acusó también a Néstor Mejía Bermejo, administrador de la Fiscalía de Piura, quien según la versión de la joven habría mantenido relaciones sexuales con una menor de edad.

Un coronel de apellido Cantín y un general apellidado Rivera, ambos de la PNP, también fueron involucrados en el escándalo y vienen siendo investigados por su institución.

SE RETRACTA
Sin embargo, trascendió que la denunciante habría pretendido retractarse de sus acusaciones a través de cartas notariales, según señaló Avelino Gullén, fiscal auxiliar en el juicio contra el ex presidente Alberto Fujimori que investiga ahora este caso desde la Oficina de Control Interno.

El Comercio