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Aplicación del régimen CAS en la mira

DEBATE. Expertos SOLICITAN MAYORES ALCANCES SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Con el derecho a la sindicalización se podrá negociar nuevas mejoras

Aunque advierte que urge un pronunciamiento de fondo del tribunal



La situación de los trabajadores en el régimen de los contratos administrativos de servicios (CAS), tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida a través del Exp. Nº 002-2010-AI/TC, es aún motivo de polémica. A continuación, dos especialistas en derecho laboral exponen sus argumentos a favor y en contra de esta decisión, haciendo prever que de todas maneras se necesitará una resolución aclaratoria de nuestro máximo colegiado constitucional.

Negociación colectiva mejorará beneficios
Boris Sebastiani Araujo. Abogado (*)
Miembro de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya. Abogados-Trujillo.
1 El Tribunal Constitucional (TC) les ha dejado el camino libre a los CAS. En efecto, los trabajadores estatales sujetos al ahora Contrato Laboral de Servicios seguirán percibiendo los beneficios que el D. Leg. 1057 les concedía (descanso semanal obligatorio, 15 días de vacaciones, jornada laboral máxima de 48 horas y seguro social), más el derecho a la sindicalización que se les acaba de reconocer en la sentencia 00002-2010-PI/TC. Esto significa que la mejora salarial de ellos es posible mediante la negociación colectiva.

2 Pese a ello, es importante recordar que anteriormente el TC, a través de la sentencia emitida en el Exp. 0562-2007-AA, se refirió a que no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella que no está razonablemente justificada. Entonces si consideramos que en una misma entidad pública pueden coexistir tres regímenes laborales (régimen laboral público, el privado y el contrato laboral de servicios), el TC no ha fundamentado el porqué de la diferenciación entre los CAS y los trabajadores que, realizando las mismas funciones, están en regímenes más sustanciosos. Lo que ha hecho es diferenciar los sistemas de acceso a la carrera pública y a partir de ahí ha establecido que el CAS es un sistema de contratación laboral independiente, pero no ha considerado que la relación laboral comprende, entre otras cosas, las funciones a realizar y que este elemento ha debido formar parte del test de igualdad de su sentencia.

3 ¿Qué estrategias le quedan a los CAS? Ya que la acción de inconstitucionalidad ha fracasado, les queda la vía legislativa (derogatoria) que por lo menos en este gobierno pareciera que no tendrá éxito.

4 También tienen la vía judicial ordinaria que ya ha comenzado a darles algunos frutos para casos concretos, pero hay que hacer una distinción entre los trabajadores que ingresaron a laborar antes de la vigencia del CAS y aquellos que iniciaron sus labores cuando el CAS ya estaba vigente, pues los segundos no tendrían cómo argumentar la condición más beneficiosa a la que habrían accedido por primacía de la realidad

5 Estimo que el Estado, como empleador, debería tener dos regímenes laborales, pues entre sus trabajadores no debería existir diferencias. Pero, es verdad que si no se hubiera publicado el D.Leg. 1057, el camino de los CAS sería mucho más tortuoso; pienso que dicha norma es la puerta y que la sentencia del TC es el camino para mejorar paulatinamente el acceso pleno a los beneficios laborales de estos trabajadores.

Hay necesidad de una sentencia aclaratoria
Jesús Carrasco Mosquera (*). (*) Abogado promotor de la inconstitucionalidad contra el DL 1057.
1 La problemática generada por los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) no ha sido resuelta en la sentencia del Tribunal Constitucional. El solo reconocimiento de los derechos de sindicalización y de huelga que le han sido conferidos al servidor CAS, no resuelve el problema de fondo, ya que a este trabajador de nada le servirá afiliarse a un sindicato y paralizar labores, si es que su contrato sigue siendo eterno, ausente de beneficios sociales y expuesto siempre, a la eventual extinción unilateral del vínculo. Son precisamente estos tres puntos lo que ameritan un pronunciamiento aclaratorio.

2 Efectivamente, la demanda planteaba, entre otras cosas, la inconstitucionalidad del artículo 5 del DL 1057 y por conexión, de su respectivo reglamento (DS Nº 075-2008-PCM), toda vez que dichas normas introducen una peligrosa atemporalidad del contrato, al autorizar al empleador estatal a que el CAS pueda ser renovado ilimitadamente y “cuantas veces considere la entidad contratante en función a sus necesidades” (Frase textual del reglamento), lo que evidentemente se contradice con el carácter especial asignado por el TC en su sentencia.

3 La demanda también planteó la inconstitucionalidad por omisión del D. Leg. 1057, al no regular una mínima protección frente al despido, conforme a la Constitución. En efecto, la norma impugnada y el reglamento autorizan expresamente al empleador estatal a que pueda extinguir el CAS de forma unilateral y sin obligación de expresar causa alguna. Esto significa que el servidor CAS puede ser despedido en cualquier momento, por la sola decisión de su empleador, a quien no se le obliga a que lo indemnice de manera directa. Sobre esto, el TC tampoco se ha pronunciado.

4 Otro aspecto impreciso se refiere a los beneficios sociales. No se dice nada al respecto. Por ello, es necesario precisar si el Ministerio de Trabajo también está obligado a emitir la legislación de complemento destinada a incorporar el goce de dichos beneficios a los trabajadores Contratos Administrativos de Servicios, y cuáles son.

5 Hasta ahora no se entiende por qué el Tribunal resolvió declarar infundada la demanda y concluir que el DL 1057 resulta compatible con la Constitución, cuando el fallo recoge casi la totalidad de los argumentos de inconstitucionalidad invocados y ordena al Poder Ejecutivo la expedición de legislación de complemento, precisamente para que la norma se adecue a la Constitución Política de 1993. Cuando menos, la sentencia debió declarar fundada en parte la demanda.

TC declara constitucional el CAS



El Tribunal Constitucional (TC) el día 15 de setiembre del 2010 declaró constitucional la vigencia del denominado Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por considerarlo un “régimen especial” de contratación laboral para el sector público.Según explicó el presidente de la institución, Carlos Mesía, el fallo del órgano colegiado también dispone que el Ministerio de Trabajo dicte la reglamentación necesaria para que los trabajadores del CAS puedan ejercer el derecho de sindicación y huelga.

Conforme la sentencia, el artículo 1 del Decreto Legislativo 1057 debe ser interpretado de modo que el CAS se entienda como un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo que resulta compatible con el marco constitucional.

De esa manera, el Tribunal declara infundada, a través de la “sentencia interpreativa”, la demanda de inconstitucionalidad recaída en el expediente 00002-2010-PI/TC contra el régimen Especial de Contratación Administrativa.

En el fallo precisó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene el plazo de no mayor de 30 días para dictar la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al régimen laboral regulado por el DL 1057, el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28 de la Constitución.

De igual manera, dispuso que el Ministerio adopte disposiciones sobre la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad, de tal forma que se establezca porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen.

“El Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que dejaría sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional”, opinó.

En uno de sus fundamentos, la sentencia precisa que algunos de los derechos consagrados en la Constitución, ya son objeto de reconocimiento en el DL 1057, como ocurre con la jornada de trabajo y el descuento semanal.

También ocurre lo mismo con el descanso anual; sin embargo, la discrepancia de la parte demandante, impulsada por 5 mil firmas ciudadanas, es que en el caso de los trabajadores de otros regímenes laborales es de 30 días.

Sobre el particular, Mesía refirió que la Constitución no establece un periodo de tiempo, sino la necesidad de que dicho descanso se dé con la periodicidad señalada.

MTPE regulará límites al CAS

JURISPRUDENCIA. TC OTORGA ADEMÁS 30 DÍAS PARA REGLAMENTAR DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y HUELGA


Son constitucionales los contratos administrativos del Estado, asevera TC

Se crea tercer régimen laboral en el Estado, coinciden laboralistas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá dictar en un plazo no mayor de 30 días, la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos a los contratos administrativos de servicios (CAS), el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado por la Constitución.

Ello, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Exp. Nº 00002-2010-PI/TC, la cual declara que dicho régimen, creado por el D. Leg. 1057, debe ser interpretado y entendido como un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que resulta compatible con el marco constitucional.

El Colegiado, de ese modo, añade que corresponde al MTPE dictar las normas necesarias para que, complementando dicha legislación, adopte disposiciones como la fijación de límites para la contratación de este personal, de modo que pueda hacerlo no solo estableciendo porcentajes respecto del total de trabajadores de esta modalidad, sino fijando otros criterios que consideren necesarios.

Según el TC, más allá de las críticas que algunos fallos anteriores hubieran generado en ciertos sectores, corresponde dictar una sentencia interpretativa, la que encuentra su fundamento normativo en diversas disposiciones constitucionales. “El Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que importaría dejar sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional”, refiere.

Al respecto, el laboralista Germán Lora Álvarez, destacó que lo más relevante de esta decisión es la interpretación que se realiza respecto a que el CAS es un contrato laboral especial en el sector público. Es decir, le da el carácter laboral al contrato, modificando la ley y creando un tercer régimen laboral dentro del Estado".
“Lo único que falta en este tercer régimen, dice el TC, es el derecho a la sindicalización y huelga, que no están establecidos, ordenando al MTPE dictar su reglamentación en un plazo de 30 días. Además, termina estableciendo, lo que seguramente no se quiso hacer inicialmente, la vinculación laboral con ellos”, comentó.

Consultado si este fallo favorece o no a los trabajadores bajo el régimen del CAS, respondió que esta decisión deja todo igual, pues la situación de los trabajadores no variará en modo alguno. “Lo que me preocupa, y no lo ha analizado el TC, es que ahora que se reconoce el vinculo laboral con estos trabajadores, qué sucederá al momento del cese o extinción, qué sucederá con la estabilidad laboral”, advirtió.

Reconoce y mantiene régimen especial
La sentencia del TC que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del D. Leg. 1057, que regula el régimen especial CAS, permitirá que las entidades públicas puedan optar por este sistema de contratación de personal antes que por el régimen aplicable en la entidad (D. Leg 276 o D.Leg. 728).

Mientras que, al no pronunciarse sobre la temporalidad del régimen ni la progresividad del reconocimiento de los derechos laborales al personal bajo el CAS, las entidades también podrán aplicarla sin límite de tiempo alguno y en forma permanente, lo cual podría distorsionar el manejo de los recursos humanos en el Estado.

En opinión similar, el experto César Puntriano observó la decisión del TC para que el MTPE emita la regulación relativa a límites cuantitativos para la contratación de personal bajo esta modalidad, así como los derechos de sindicalización y huelga. “No es posible que se emita una norma reglamentaria que regule límites cuantitativos a la contratación, cuando el D. Leg. 1057 no los prevé, pues la norma de inferior rango sería ilegal”, manifestó.
Respecto a los derechos colectivos, agregó que su no regulación en el D. Leg. 1057 no impide considerar que los CAS ostenten su titularidad desde que el TC reconoce al régimen como laboral, aunque se necesitarán normas que desarrollen el respectivo procedimiento que garantice el efectivo ejercicio de los mismos.

Da sentido de progresividad
La sentencia sobre el CAS es quizá la decisión más importante dictada por el TC en lo que va del año. Así, el tribunal reconoce el esfuerzo del Estado para incorporar a los trabajadores profesionales, mayormente, jóvenes egresados de las universidades, al mercado laboral, que ofrece el sector público. Pero, no esencialmente como contratos de servicios administrativos sino más bien como un régimen especial de índole laboral, reconociendo derechos que pertenecen a la esfera de la dignidad de la persona humana, pero con un sentido de progresividad. Se entiende también que los derechos de estos trabajadores se deben perfeccionar a fin nivelarlos con todo lo que la OIT ha considerado como empleo digno y decente.

El Peruano