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JURISPRUDENCIA: Negación del ingreso al centro laboral o del descanso médico

Jurisprudencia al día.



El derecho de defensa se encuentra reconocido expresamente en la Constitución y constituye un elemento del derecho al debido proceso. Este derecho se proyecta como principio que permite revertir cualquier indefensión y como principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes, sea en un proceso o procedimiento, o en el caso de un tercero con interés.

Así lo estableció el Tribunal Constitucional (TC), a través de la sentencia recaída en el Exp. N° 00832-2009-AA, la cual declara fundada la demanda de amparo de un trabajador que solicitaba la reposición a su centro laboral al haber sido víctima de un despido fraudulento que vulneró también su derecho al debido proceso, refiere un informe legal del Estudio Miranda & Amado Abogados.

En el caso analizado, obran las cartas de preaviso y de despido mediante las cuales se le imputan al trabajador el incumplimiento de diversas obligaciones. Sin embargo, luego que la empresa notificara al trabajador la carta notarial de preaviso, le impidió el ingreso al centro de trabajo, lo que para el TC determinó la vulneración del derecho al debido proceso establecido en la ley.

Remarca, además, que pese a que el demandante comunicó a la empresa el descanso médico por incapacidad temporal por ocho días autorizado por Essalud, tal medida le fue denegada, imputándosele en la carta de preaviso el abandono del centro de trabajo. Con ello, se afectó el derecho a la salud del trabajador, cuya observancia se concretaba en el deber de empleador de permitir el descanso por motivos de salud, más aún cuando el motivo había sido comprobado por la autoridad sanitaria. Por las razones anotadas, el tribunal resuelve declarar fundada la demanda.

Evitan conflictos laborales con mediación del MTPE

FACILITACIÓN. ACTAS DE CONCILIACIÓN TIENEN VALIDEZ SIMILAR A UNA SENTENCIA DEL PODER JUDICIAL

Más de tres mil 500 trabajadores conciliaron pago de beneficios
Sin recurrir a la vía judicial posibilitan acuerdos en unos 30 días

Temas como el abono de la Compensación por Tiempo de Servicios, gratificaciones, vacaciones, entre otros, pendientes de pago durante o al término de la relación laboral son las materias más abordadas por empleadores y trabajadores en el servicio de la conciliación administrativa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

De acuerdo con dicho sector, el uso de este mecanismo especializado para la solución de controversias en lo laboral ha permitido, solo en Lima Metropolitana, atender a más de 3,563 trabajadores del sector privado, que lograron obtener más de 8.9 millones de soles en conjunto, como reconocimiento de los beneficios laborales pendientes de pago.

En el período enero-octubre 2010, el equipo de conciliadores del MTPE logró que los trabajadores y empleadores llegaran a un acuerdo satisfactorio por 8’779,988 soles y 55,757 dólares, en menos de 30 días y sin tener que recurrir a la vía judicial.

Para acceder a este servicio gratuito, los trabajadores tienen que acudir primero al área de Consultas Laborales o Liquidaciones (si culminó la relación laboral), donde serán derivados a Conciliaciones Administrativas cuando existen incumplimientos laborales.

Esta oficina programa audiencias de conciliación, notifica a las partes y actúan como mediadores para lograr que solucionen sus controversias de forma pacífica, rápida y efectiva, sin tener que acudir al Poder Judicial. Las actas tienen una validez similar a una sentencia. Si al cabo de 30 días las partes no lo logran arribar a una solución de su problemática laboral, recién pueden recurrir a la vía judicial.

Beneficios sociales reconocidos
Durante 2009 se solucionaron 3,652 casos, con lo cual los trabajadores obtuvieron el reconocimiento de 11’254,399 soles.

NOTICIAS: El Gobierno aprobó aumento del salario mínimo vital a 600 soles



El anuncio lo hizo la ministra de Trabajo, Manuela García, luego que el incremento de 50 soles fuera acordado en el Consejo de Ministros.

La ministra de Trabajo, Manuela García, anunció hace unos instantes que el Ejecutivo acordó incrementar el salario mínimo vital en 50 soles, es decir, de 550 soles a 600 soles.

La titular del sector precisó que los primeros 50 soles adicionales serán abonados en dos partes: 30 soles a partir de diciembre de este año y 20 soles desde febrero de 2011. Esto, según dijo, para garantizar su cumplimiento por parte de los empleadores, quienes en diciembre también deben abonar gratificaciones.

Tal como anunció el presidente Alan García en los últimos días, este aumento se hará efectivo mediante un decreto supremo aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.

Tras el anuncio la titular del sector rechazó que se trate de una medida populista, como opinaron diversos representantes de la oposición en el Congreso.

“Este es un incremento que se hace técnicamente, bajo criterios aprobados en el Consejo Nacional del Trabajo, considerando la situación de las empresas y también el crecimiento económico, y sobre todo porque se busca proteger la capacidad adquisitiva de nuestros trabajadores”, señaló García.

Agregó que también se ha tomado en cuenta la situación de las pequeñas y medianas empresas, y garantizó que no se verán afectadas.

JURISPRUDENCIA: La doble sanción y el despido

JURISPRUDENCIA. DISPONEN PAUTAS PARA EMPLEADORES.


Precisa aplicación del non bis in ídem en un proceso de despido

Este principio impide sancionar dos veces por una misma infracción

Carlos Cárdenas (Abogado)

El Tribunal Constitucional (TC) publicó recientemente la sentencia recaída en el Exp. Nº 05172-2009-PA/TC, respecto a la prohibición de doble sanción en materia laboral, dentro del procedimiento de despido regulado por el TUO de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Dicha prohibición (conocida como non bis in ídem) es una de las garantías que los empleadores deben atender ante un procedimiento de despido, junto con la de legalidad, proporcionalidad e inmediatez.
En este caso, el trabajador fue suspendido en sus labores por 30 días sin goce de haber en 2005, al producirse un retiro irregular de materiales del empleador. Luego, en 2008 el mismo trabajador fue despedido, cuando la Sala Penal de la Corte de Piura ratificó la condena al trabajador a tres años de prisión, como coautor del delito de hurto agravado, en perjuicio de su empleador. Al plantear su demanda, el trabajador argumentó que esto representaba una doble sanción (primero con una suspensión de labores, y luego con el despido) y por el mismo hecho.

Al respecto, el TC señala que, aun cuando los hechos sean básicamente los mismos, el fundamento o naturaleza de las sanciones son diferentes, por lo que el despido es procedente. En el caso de análisis, aun cuando se presentó identidad de sujetos y de hechos, esto no ocurrió en el caso de los fundamentos, pues la suspensión se sustentó en el incumplimiento de las labores del trabajador (retiro irregular de materiales de almacén), mientras que el despido se sustentó en la comisión de un delito doloso (coautor de hurto agravado), siendo por tanto fundamentos distintos en la aplicación de ambas sanciones.

En conclusión, es relevante que el TC ratifique que el non bis in ídem es un principio que resulta plenamente aplicable dentro del ámbito laboral, siendo recomendable verificar su cumplimiento en caso de que sea necesario imponer sanciones disciplinarias diversas a los mismos trabajadores por hechos similares.

Penalidades por incumplimiento del plazo de vigencia del contrato laboral

Jurisprudencia al día



¿Es posible prever y aplicar penalidades (indemnizaciones previamente acordadas) en el caso de que un trabajador decida terminar su contrato de trabajo? De ser esto posible, ¿qué criterios deben observarse para fijar el monto de tales penalidades? Estas preguntas han sido respondidas en el laudo arbitral que resuelve una controversia entre un artista trabajador y un medio de comunicación.

En el caso concreto, el contrato de trabajo temporal para servicio específico del artista establecía que si este culminara el contrato antes del plazo de vigencia acordado, que fue de un año, deberá pagar una penalidad a la empresa. Según el contrato de trabajo, la penalidad se justificaba en los gastos en los que incurriría el empleador por publicidad y promoción de la imagen del artista y su monto se incrementaba si el trabajador decidía culminar su contrato luego del sexto mes de vigencia del mismo.

Al respecto, el trabajador señala que culminó su contrato antes del sexto mes por razones de maltratos, y alegó ante el Tribunal Arbitral que la penalidad no podría aplicársele, dado que el contrato resultaba nulo al no cumplir uno de sus requisitos de validez: el registro ante el Ministerio de Trabajo. Por su parte, la empresa solicita la aplicación de la penalidad pactada alegando que esta corresponde a los gastos de publicidad y promoción que requería el lanzamiento del programa.

En este contexto, el Tribunal Arbitral señala que el contrato suscrito cumple con todos los requisitos de validez establecidos en el Código Civil y que, según la legislación laboral, el registro ante el MTPE no resulta un requisito constitutivo de los contratos de trabajo sujetos a modalidad, por lo que la omisión de registro, si bien puede dar lugar a una multa administrativa, no significa la nulidad del contrato.

Agrega también que siendo válido el contrato, es válido también establecer una cláusula penal que, dado que ha sido pactada libremente entre las partes, es expresión del derecho fundamental a la libertad de trabajo y no constituye una multa (lo que estaría prohibido) sino una indemnización. No obstante ello, considera que el monto de la penalidad es irrazonable, puesto que lo pactado es superior al monto de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante la vigencia de su contrato.

El tribunal, de ese modo, reajusta el monto de la penalidad al 40% de la remuneración mensual del trabajador percibida hasta la finalización de su contrato; por tanto, declaró fundada en parte la demanda de la empresa y ordenó al trabajador a pagar la penalidad conforme al porcentaje y monto señalado por el Tribunal Arbitral, refiere un informe legal del Estudio Miranda & Amado.

Estudios de abogados bajo la lupa: Gobierno supervisará cumplimiento de derechos de sus practicantes

Los empleadores que incumplan con subvenciones económicas, horarios o convenios de aprendizaje serán multados.


El Ministerio de Trabajo fiscalizará durante este mes el cumplimiento de los derechos y beneficios de quienes realizan prácticas preprofesionales y profesionales en los estudios de abogados.

¿Cuáles son estos derechos? Una subvención económica igual a una remuneración mínima vital; gozar del descanso semanal y de los feriados no laborables, y disponer de un descanso físico de 15 días, cuando se superen los 12 meses de prácticas.

Además, tienen derecho a contar con un seguro de cobertura de salud, afiliación facultativa a un sistema pensionario y recibir un certificado de prácticas.

En el caso de las prácticas preprofesionales, la jornada máxima es de seis horas diarias o 30 semanales; mientras que en las profesionales es de ocho horas diarias o 48 horas semanales.

También se verificará, en el caso de las prácticas preprofesionales, la existencia de un convenio de aprendizaje entre la entidad educativa, el estudio de abogados y el estudiante en formación.

“CONVENIOS DE APRENDIZAJE”
En el caso de las prácticas profesionales, la existencia de un convenio de aprendizaje entre el estudio de abogados y el egresado del centro de formación profesional.

De haber incumplimiento en cuanto a convenios de aprendizaje, prácticas fuera del plazo establecido, o exista falta de capacitación en la ocupación, la consecuencia será el establecimiento de un vínculo laboral entre el practicante y el estudio de abogados.

En ese caso, la empresa tendrá que depositar el pago de los beneficios sociales correspondientes (CTS, gratificaciones, asignación familiar, entre otros).

LAS MULTAS
Si los practicantes no reciben la subvención económica, no gozan del descanso físico, no se cumple la jornada legal de prácticas o no fue presentado el convenio de aprendizaje, los empleadores serían multados con montos que van desde los 108 hasta los 108 mil nuevos soles. 

Abogado laboralista recomienda planificar gastos el 2011 ante impuestos que afectarán la CTS


Jorge Toyama recordó además que a este beneficio accederán solo quienes tengan más de seis sueldos depositados en el banco.



El abogado laboralista Jorge Toyama indicó que a partir de mayo del 2011, los trabajadores que podrán disponer de su CTS serán quienes tengan más de seis sueldos depositados en el banco.

Cabe recordar que ello se estableció con la ley 29352, la cual determina que los trabajadores que cumplan con ese requisito podrán retirar el 70% del exceso de las seis remuneraciones depositadas. Los demás tendrán que esperar.

¿Cuándo el trabajador dispone del total de este beneficio? “Se dará cuando acabe el vínculo laboral, cuando acabe el contrato de trabajo. Ahí se puede retirar la CTS que hubiera, toda la CTS, porque ya acabó el contrato”, explicó Toyama a elcomercio.pe.

En ese sentido, el especialista recomendó planificar gastos, pues a partir del próximo año las gratificaciones de julio y diciembre volverán a tener los impuestos de ley y el monto neto de la CTS disminuirá.

“Si no planificamos para el 2011, desde ahora, vamos a tener problemas, porque a partir de mayo no vamos a poder retirar nada de CTS si no tenemos seis sueldos en el banco. En julio y diciembre, la ‘grati’ va a estar con 22% menos, porque va a estar afecto de impuestos”, expresó.

Capacitación e incentivos a la productividad

EN AGENDA. falta inversión en el capital humano

Advierten riesgos de las jornadas de trabajo muy largas en la productividad

Esto limita capacitación de trabajadores por falta de tiempo y de recursos


Álvaro Vidal Bermúdez Abogado

Un dato poco conocido en nuestro país es el referido al tiempo dedicado por los peruanos a actividades laborales o la jornada efectiva de trabajo. Según estudios comparativos, (El tiempo de Trabajo en el Mundo, Lee, McCann y Messenger, OIT 2008) el Perú figura entre los países con mayor cantidad de trabajadores que laboran más horas fuera de la jornada legal, situándose por encima de casi todos los países latinoamericanos y la mayoría de países asiáticos.
Por ejemplo, más de la mitad de la población económicamente activa en el Perú trabaja más de 48 horas a la semana, lo cual, desde un punto de vista legal, implicaría la realización de trabajo extraordinario. Es decir, uno de cada dos peruanos que trabaja de manera dependiente realizaría horas extras. Estos reportes internacionales coinciden con informes recientes del Ministerio de Trabajo sobre el uso del tiempo en el Perú.

Según diversas investigaciones, la existencia de jornadas de trabajo extensas se explica por causas como una baja productividad de la mano de obra, un reducido nivel de las remuneraciones (que incentiva la realización de horas extras) y una limitada fiscalización estatal del tiempo de trabajo. Así, las largas jornadas de trabajo con baja productividad conducen a un círculo vicioso del cual es difícil salir, debido a que los trabajadores no cuentan con tiempo disponible ni recursos para ser invertidos en capacitación.

La flexibilidad de la jornada de trabajo que teóricamente busca adecuar las rutinas laborales a los requerimientos de la empresa y la demanda del mercado, dentro de los parámetros legales, en contextos de baja productividad conduce por lo general a jornadas laborales extensas, afectando la calidad de vida de los trabajadores y generando una ineficiente asignación de recursos en las organizaciones.

Socios estratégicos
Nuestro país no cuenta con un sistema de incentivos adecuados para la capacitación laboral durante la etapa activa. A inicios de año se dictó la Ley N° 29498, denominada Ley de Promoción a la Inversión en Capital Humano, la cual fija que las sumas destinadas a la capacitación del personal podrán ser deducidas como gasto hasta un máximo de 5% del total de gastos deducidos en el ejercicio.

Esta medida aislada, en el caso de actividades que requieren un alto nivel de conocimiento y actualización, sin duda, podría significar un límite arbitrario. Sería conveniente replantear este límite, siendo suficiente el sustento adecuado de la inversión en capacitación.

En definitiva, son las propias organizaciones las llamadas a evaluar el nivel adecuado de inversión en capital humano, el Estado debe generar para ello los incentivos necesarios y ser un socio estratégico promoviendo desde la escuela y la universidad ciudadanos calificados y competentes.

La reforma ausente
Frecuentemente se incide en que la gran reforma ausente en el país es la de la educación; sin embargo, debe tenerse en cuenta que ésta no se limita a la enseñanza escolar o universitaria, sino que también está vinculada con la formación laboral continua; es decir, la educación “para y durante” el trabajo.

En la era del conocimiento, el mayor valor de una organización reside en el nivel de conocimiento de sus trabajadores y en la capacidad de aprender (y enseñar).

Control a la jornada máxima legal
En nuestro país la jornada máxima legal de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, permitiéndose jornadas acumulativas o atípicas, así como la compensación de horas de trabajo extraordinario con tiempo de descanso.

Cabe resaltar que actualmente están vigentes disposiciones que establecen estrictos mecanismos de control del tiempo de trabajo, e inclusive presunciones respecto a la realización de trabajo extraordinario. Sin embargo, estas medidas no han conducido a que el tiempo de trabajo en el Perú se encuadre en los estándares internacionales y ni siquiera en los latinoamericanos.

Ello ocurre porque no basta con disponer mecanismos de control, sino que debería privilegiarse el establecimiento de incentivos para una mayor productividad; es decir, incentivos para la inversión en capacitación.

ONP tras los tramitadores

ACCIONES. INSTITUCION AFIANZA ACCIONES CONTRA MAFIAS ORGANIZADAS QUE VULNERAN DERECHOS DE JUBILADOS

Logra inicio del primer juicio a estos sujetos por lavado de activos

Corte de Huaura tiene ahora la oportunidad de marcar precedente penal



La Oficina de Normalización Previsional (ONP) refuerza las acciones de lucha contra las mafias organizadas de tramitadores que sorprenden constantemente a los jubilados y pensionistas, además de atender contra los fondos del Estado. De ahí que logró el inicio del primer juicio oral contra estos sujetos por delito de lavado de activos en la Corte de Justicia de Huaura.

Se trata del primer juicio oral, a escala nacional, que se inicia por el delito de lavado de activos, en que el delito precedente resulta ser un delito ordinario (la estafa es considerada un delito común en materia penal), cometido por tramitadores de pensiones de jubilación.

Este importante precedente en materia penal corresponde al Exp. N° 01494-2008, seguido en el juzgado penal colegiado del distrito judicial de Huaura, contra Efemio Fausto Bao Romero, Javier Enrique Palomares Romero, Edgar Edwin Rojas Flores, Hubeth Cruz Saavedra, Frank Eugenio Bao Cruz, Luis Hernán Ángeles Vásquez, Mirko Brandon Vásquez Torres, Luis Alberto Sánchez Curay, Elsa Zapata Prado de Sánchez, Yovany Janet Sánchez Zapata, Maribel Delia Bautista Carrasco, y Gricelda Alina Dorregaray Leiva por el delito de lavado de activos en agravio de la ONP y del Estado.
El Estado, a su vez, se encuentra representado por la ONP y la Procuraduría Pública de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, que ejercerán la defensa del Estado y solicitarán la más drástica sanción a estos acusados.

Delitos e infracciones
Importa mencionar que el tramitador Bao Romero purga condena en el penal de Huaura porque fue sentenciado en 2008, junto con su organización delictiva, por diversos delitos e infracciones, al reconocer la falsificación masiva de certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, planillas de sueldos y salarios, certificados médicos de invalidez, entre otros, con los que sorprendían a la ONP y obtenían pensiones ilegales. Con estas actividades ilícitas se hacían de ingentes cantidades de dinero.

Impulsan mejoras laborales

ESTÍMULO. RECONOCERÁN ESFUERZOS POR RESPETAR DERECHOS DE TRABAJADORES Y MEJORAR CLIMA LABORAL

MTPE reconocerá responsabilidad sociolaboral en empresas

Postulaciones a este premio se podrán presentar en todo el país


A partir de la fecha, todas las empresas privadas formales del ámbito nacional podrán postular al Premio “Reconocimiento de Buenas Prácticas Laborales” que lanzará esta mañana el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en un esfuerzo para reconocer las mejores acciones implementadas en responsabilidad sociolaboral.

Así, quienes deseen acceder a este reconocimiento deberán postular de manera libre y voluntaria en un riguroso proceso de evaluación –que tardará máximo tres meses–, mediante el cual un equipo de auditores verificará el cumplimiento de las normas sociolaborales y las buenas prácticas implementadas.

El objetivo es distinguir a aquellas empresas que constituyen modelos nacionales en la defensa, respeto y promoción de los derechos fundamentales de trabajadores, logrando un efecto multiplicador y promoviendo un compromiso masivo con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Por ello, estarán impedidas de participar las empresas que hayan sido multadas, en instancia administrativa o judicial, por infracciones a la normativa laboral vigente, durante el año anterior a la premiación. Tampoco lo harán aquellas que tengan deudas con la ONP, AFP, seguro social o Sunat.

Categorías
La premiación se otorgará en tres áreas: respeto a la persona, relaciones laborales y trabajo decente. Esto comprenderá un total de 18 categorías, como fomento de las oportunidades laborales entre grupos vulnerables; adopción de acciones para erradicar el trabajo infantil; promoción y respeto de la libertad sindical; participación de los trabajadores en la gestión de la empresa, entre otros.

El MTPE, además, ultima los detalles para la certificación de buenas prácticas laborales en empresas privadas.

Contrato a plazo fijo por necesidades del mercado


El Tribunal Constitucional (TC) precisó las condiciones para la celebración del contrato a plazo fijo por necesidades del mercado, a raíz de un proceso de amparo en el que un trabajador reclamó la desnaturalización de un contrato laboral de este tipo.

En este caso correspondiente al Exp. N° 04157-2009-AA/TC el trabajador se consideraba víctima de un despido incausado porque había laborado de manera ininterrumpida, bajo un contrato de trabajo sujeto a modalidad por necesidades de mercado, desde el 2 de enero de 2004 hasta el 19 de diciembre de 2008, fecha en que la empresa demandada le notificó dar por terminados sus servicios. Además, en opinión del trabajador, el referido contrato se desnaturalizó debido a que las labores que realizaba eran de naturaleza permanente.

Al respecto, el TC precisa que para la celebración del contrato de trabajo por necesidades del mercado debe existir una causa objetiva de carácter temporal, ocasional o transitoria, que implique para la empresa una necesidad de aumentar su productividad.

Por tal motivo, un informe laboral de Miranda & Amado Abogados advierte la necesidad de precisar en cada caso en qué consiste la variación coyuntural en la demanda del mercado que genera la necesidad temporal de contratación y que no puede satisfacerse con el personal permanente.

En el caso concreto el TC establece que la labor que desarrollaba el trabajador demandante (preparación de muestras en el área de Geología) se sujetaba a las variaciones que experimentaba la cotización internacional del oro, lo cual determinó que el empleador se vea en la necesidad de incrementar su nivel de producción en razón de esa favorable coyuntura.

El informe destaca que por esa razón dicho tribunal considera que el uso de la mencionada modalidad contractual obedecería a una causa objetiva de carácter temporal explícita y realmente coyuntural o circunstancial.

Por ello, el TC declaró infundada la demanda de amparo dado que la empresa uso válidamente el contrato temporal por necesidades de mercado.

Aplicación del régimen CAS en la mira

DEBATE. Expertos SOLICITAN MAYORES ALCANCES SOBRE EL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

Con el derecho a la sindicalización se podrá negociar nuevas mejoras

Aunque advierte que urge un pronunciamiento de fondo del tribunal



La situación de los trabajadores en el régimen de los contratos administrativos de servicios (CAS), tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) emitida a través del Exp. Nº 002-2010-AI/TC, es aún motivo de polémica. A continuación, dos especialistas en derecho laboral exponen sus argumentos a favor y en contra de esta decisión, haciendo prever que de todas maneras se necesitará una resolución aclaratoria de nuestro máximo colegiado constitucional.

Negociación colectiva mejorará beneficios
Boris Sebastiani Araujo. Abogado (*)
Miembro de Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman & Olaya. Abogados-Trujillo.
1 El Tribunal Constitucional (TC) les ha dejado el camino libre a los CAS. En efecto, los trabajadores estatales sujetos al ahora Contrato Laboral de Servicios seguirán percibiendo los beneficios que el D. Leg. 1057 les concedía (descanso semanal obligatorio, 15 días de vacaciones, jornada laboral máxima de 48 horas y seguro social), más el derecho a la sindicalización que se les acaba de reconocer en la sentencia 00002-2010-PI/TC. Esto significa que la mejora salarial de ellos es posible mediante la negociación colectiva.

2 Pese a ello, es importante recordar que anteriormente el TC, a través de la sentencia emitida en el Exp. 0562-2007-AA, se refirió a que no todo trato desigual constituye una discriminación constitucionalmente prohibida, sino sólo aquella que no está razonablemente justificada. Entonces si consideramos que en una misma entidad pública pueden coexistir tres regímenes laborales (régimen laboral público, el privado y el contrato laboral de servicios), el TC no ha fundamentado el porqué de la diferenciación entre los CAS y los trabajadores que, realizando las mismas funciones, están en regímenes más sustanciosos. Lo que ha hecho es diferenciar los sistemas de acceso a la carrera pública y a partir de ahí ha establecido que el CAS es un sistema de contratación laboral independiente, pero no ha considerado que la relación laboral comprende, entre otras cosas, las funciones a realizar y que este elemento ha debido formar parte del test de igualdad de su sentencia.

3 ¿Qué estrategias le quedan a los CAS? Ya que la acción de inconstitucionalidad ha fracasado, les queda la vía legislativa (derogatoria) que por lo menos en este gobierno pareciera que no tendrá éxito.

4 También tienen la vía judicial ordinaria que ya ha comenzado a darles algunos frutos para casos concretos, pero hay que hacer una distinción entre los trabajadores que ingresaron a laborar antes de la vigencia del CAS y aquellos que iniciaron sus labores cuando el CAS ya estaba vigente, pues los segundos no tendrían cómo argumentar la condición más beneficiosa a la que habrían accedido por primacía de la realidad

5 Estimo que el Estado, como empleador, debería tener dos regímenes laborales, pues entre sus trabajadores no debería existir diferencias. Pero, es verdad que si no se hubiera publicado el D.Leg. 1057, el camino de los CAS sería mucho más tortuoso; pienso que dicha norma es la puerta y que la sentencia del TC es el camino para mejorar paulatinamente el acceso pleno a los beneficios laborales de estos trabajadores.

Hay necesidad de una sentencia aclaratoria
Jesús Carrasco Mosquera (*). (*) Abogado promotor de la inconstitucionalidad contra el DL 1057.
1 La problemática generada por los Contratos Administrativos de Servicios (CAS) no ha sido resuelta en la sentencia del Tribunal Constitucional. El solo reconocimiento de los derechos de sindicalización y de huelga que le han sido conferidos al servidor CAS, no resuelve el problema de fondo, ya que a este trabajador de nada le servirá afiliarse a un sindicato y paralizar labores, si es que su contrato sigue siendo eterno, ausente de beneficios sociales y expuesto siempre, a la eventual extinción unilateral del vínculo. Son precisamente estos tres puntos lo que ameritan un pronunciamiento aclaratorio.

2 Efectivamente, la demanda planteaba, entre otras cosas, la inconstitucionalidad del artículo 5 del DL 1057 y por conexión, de su respectivo reglamento (DS Nº 075-2008-PCM), toda vez que dichas normas introducen una peligrosa atemporalidad del contrato, al autorizar al empleador estatal a que el CAS pueda ser renovado ilimitadamente y “cuantas veces considere la entidad contratante en función a sus necesidades” (Frase textual del reglamento), lo que evidentemente se contradice con el carácter especial asignado por el TC en su sentencia.

3 La demanda también planteó la inconstitucionalidad por omisión del D. Leg. 1057, al no regular una mínima protección frente al despido, conforme a la Constitución. En efecto, la norma impugnada y el reglamento autorizan expresamente al empleador estatal a que pueda extinguir el CAS de forma unilateral y sin obligación de expresar causa alguna. Esto significa que el servidor CAS puede ser despedido en cualquier momento, por la sola decisión de su empleador, a quien no se le obliga a que lo indemnice de manera directa. Sobre esto, el TC tampoco se ha pronunciado.

4 Otro aspecto impreciso se refiere a los beneficios sociales. No se dice nada al respecto. Por ello, es necesario precisar si el Ministerio de Trabajo también está obligado a emitir la legislación de complemento destinada a incorporar el goce de dichos beneficios a los trabajadores Contratos Administrativos de Servicios, y cuáles son.

5 Hasta ahora no se entiende por qué el Tribunal resolvió declarar infundada la demanda y concluir que el DL 1057 resulta compatible con la Constitución, cuando el fallo recoge casi la totalidad de los argumentos de inconstitucionalidad invocados y ordena al Poder Ejecutivo la expedición de legislación de complemento, precisamente para que la norma se adecue a la Constitución Política de 1993. Cuando menos, la sentencia debió declarar fundada en parte la demanda.

Constitucionalidad del régimen CAS

REACCIONES. JUSTIFICAN TRATO DIFERENCIADO E INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD

Falta precisar aspectos de temporalidad y de progresividad, afirman

Para evitar aplicación permanente de este régimen laboral especial



Jorge Luis Acevedo M. (Abogado)

El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Exp. Nº 002-2010-PI/TC, declaró constitucional el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), tanto por la forma como por el fondo, declarando de este modo infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por más de cinco mil ciudadanos. A efectos del presente comentario interesa resaltar los argumentos de fondo que utiliza el TC para considerar que el CAS es un régimen “especial” de contratación laboral del sector público compatible con la Constitución.
Primero, señala el TC que el CAS es un contrato laboral porque en su régimen se reconoce el respeto a los derechos fundamentales vinculados con el derecho del trabajo y seguridad social: igualdad de oportunidades, jornada de trabajo, vacaciones y seguridad social. En nuestra opinión, técnicamente, el Tribunal debió considerar que el CAS es un régimen laboral no sólo por el reconocimiento –limitado– de derechos laborales y seguridad social, sino sobre todo porque en dicha relación se cumplen los tres elementos esenciales de la relación laboral: prestación personal, subordinación y remuneración.
Segundo, refiere el TC que el régimen del CAS es un régimen especial diferente a los regulados por los decretos legislativos 728 y 276, porque tiene un sistema de acceso distinto y no complementario al de éstos, lo cual justifica el trato diferenciado y la inexistencia de vulneración al principio de igualdad.

Sobre el particular, si bien el Colegiado señala con acierto que las reglas para acceder al sector público son uniformes tanto para las entidades sujetas al régimen laboral privado (D.Leg. 728) como para el régimen laboral público (D.Leg. 276) –reglas que implican el acceso al empleo público en condiciones de igualdad y bajo los principios de mérito y capacidad–, consideramos que el TC: (i) debió haber analizado a profundidad si el régimen CAS vulnera el principio de igualdad ante la ley realizando el respectivo test de razonabilidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad), y (ii), no debió sustentar la compatibilidad del CAS con el principio de igualdad únicamente en el único hecho que el CAS tiene un mecanismo de acceso distinto que el de los regímenes laborales, no explicando las razones por las cuales dicho mecanismo “distinto” es constitucionalmente válido.

Tercero, al no establecer el TC mayores razones que justifiquen la validez constitucional de un régimen especial de contratación, permite que el personal sujeto a él tenga menores derechos laborales que los trabajadores sujetos a los regímenes laborales privado y público; reconociéndoles única y adicionalmente al personal CAS los derechos los derechos de sindicación y huelga (1).

Compatibilidad con valores y principios constitucionales
En nuestra opinión, si el TC consideraba que la declaración de inconstitucionalidad del CAS podría tener como consecuencia (i) un desequilibrio económico y presupuestal para el Estado, (ii) el ingreso a la planilla del Estado de personal que no cumplió con los requisitos de acceso para cubrir plazas permanentes, (iii) una reorganización de los documentos de gestión de las entidades (CAP), o (iv) un desorden en los sistemas de gestión de recursos humanos de las entidades, el TC podría haber motivado su sentencia en los principios y valores constitucionales que salvaguardan el equilibrio financiero, en la progresividad de los derechos económicos y sociales, en el derecho al acceso al empleo público en condiciones de igualdad, y en la razonabilidad de establecer un reconocimiento progresivo de los derechos laborales de aquellas personas que vienen prestando servicios para el Estado en forma personal, subordinada y remunerada. No obstante, el Tribunal no contempla en los considerandos de su sentencia ninguno de estos argumentos, lo cual a nuestro juicio nos priva de un análisis completo sobre la constitucionalidad del régimen CAS y su compatibilidad con los valores y principios constitucionales.

Los efectos
1 Los efectos más importantes de este pronunciamiento del TC serán los siguientes:

2 Se valida un tercer régimen laboral en el sector público sin que se hayan fijado expresamente los fundamentos de hecho que sustentan tal diferenciación, considerando que no resulta suficiente motivar tal distinción en los mecanismos de acceso.

3 Así, reconoce y mantiene un régimen de contratación con menores derechos que en el D.Leg. 728 y 276, y dado que el reconocimiento de la validez del CAS como régimen laboral válido en el Estado permite que las entidades puedan optar por este sistema de contratación de personal antes que por el régimen laboral aplicable en la entidad.

4 Dado que la sentencia no se ha pronunciado respecto de la temporalidad del CAS ni respecto a la progresividad del reconocimiento de los derechos laborales, el efecto de la sentencia será que las entidades apliquen este régimen “especial” sin límite de tiempo alguno y en forma permanente, lo cual distorsionará aún más el manejo de los recursos humanos en el Estado.

Faltan criterios
La sentencia del TC ha establecido en su considerando 48) que el Ministerio de Trabajo deberá fijar los límites para la contratación de personal bajo el régimen del CAS. Sin embargo, el Tribunal no ha establecido cuáles son los argumentos por los cuales debe limitarse la contratación a través del CAS, asumiendo tácitamente que este régimen no debe ser la regla en la administración pública.

TC declara constitucional el CAS



El Tribunal Constitucional (TC) el día 15 de setiembre del 2010 declaró constitucional la vigencia del denominado Contrato Administrativo de Servicios (CAS) por considerarlo un “régimen especial” de contratación laboral para el sector público.Según explicó el presidente de la institución, Carlos Mesía, el fallo del órgano colegiado también dispone que el Ministerio de Trabajo dicte la reglamentación necesaria para que los trabajadores del CAS puedan ejercer el derecho de sindicación y huelga.

Conforme la sentencia, el artículo 1 del Decreto Legislativo 1057 debe ser interpretado de modo que el CAS se entienda como un régimen “especial” de contratación laboral para el sector público, el mismo que resulta compatible con el marco constitucional.

De esa manera, el Tribunal declara infundada, a través de la “sentencia interpreativa”, la demanda de inconstitucionalidad recaída en el expediente 00002-2010-PI/TC contra el régimen Especial de Contratación Administrativa.

En el fallo precisó que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene el plazo de no mayor de 30 días para dictar la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos al régimen laboral regulado por el DL 1057, el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado en el artículo 28 de la Constitución.

De igual manera, dispuso que el Ministerio adopte disposiciones sobre la fijación de límites para la contratación de personal bajo esta modalidad, de tal forma que se establezca porcentajes respecto del total de trabajadores de este régimen.

“El Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que dejaría sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional”, opinó.

En uno de sus fundamentos, la sentencia precisa que algunos de los derechos consagrados en la Constitución, ya son objeto de reconocimiento en el DL 1057, como ocurre con la jornada de trabajo y el descuento semanal.

También ocurre lo mismo con el descanso anual; sin embargo, la discrepancia de la parte demandante, impulsada por 5 mil firmas ciudadanas, es que en el caso de los trabajadores de otros regímenes laborales es de 30 días.

Sobre el particular, Mesía refirió que la Constitución no establece un periodo de tiempo, sino la necesidad de que dicho descanso se dé con la periodicidad señalada.

Inspecciones y la afectación al debido proceso

Alerta laboral


La imposición de multas en materia inspectiva que se sustenten únicamente en la denuncia o la manifestación verbal afectan el derecho al debido proceso y a la defensa del inspeccionado.

Así, lo determinó la Tercera Subdirección de Inspección Laboral a través de la Res. Nº 05-2010-MTPE/2/12.330, que deja sin efecto la sanción propuesta por un inspector de trabajo, al constatar que la determinación de la infracción se había basado únicamente en la denuncia y en la manifestación verbal.

La Autoridad Administrativa de Trabajo (AAT), en este sentido, reiteró que la imposición de una multa debe estar debidamente fundamentada, precisándose los hechos verificados, el motivo de la sanción, la norma legal o convencional incumplida y los trabajadores afectados.

De lo contrario, agrega la AAT, se afectaría el derecho al debido proceso y a la defensa del inspeccionado, reseña un informe laboral del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados.

En el sexto considerando de esta resolución, se precisa lo siguiente: “(...) del análisis del acta de infracción materia de autos, se advierte que la inspectora de Trabajo comisionada no ha precisado mayores hechos constatados que le permitan a este despacho merituar conforme a ley, basándose solo en la denuncia y la manifestación verbal (...) vulnerando el debido proceso (...), así como afectar el derecho a la defensa del inspeccionado y estando a que el art. 48.1 de la Ley 28806 establece que la resolución que impone una multa debe estar fundamentada, precisándose los hechos verificados (...)”.

El Peruano

MTPE regulará límites al CAS

JURISPRUDENCIA. TC OTORGA ADEMÁS 30 DÍAS PARA REGLAMENTAR DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y HUELGA


Son constitucionales los contratos administrativos del Estado, asevera TC

Se crea tercer régimen laboral en el Estado, coinciden laboralistas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá dictar en un plazo no mayor de 30 días, la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos a los contratos administrativos de servicios (CAS), el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado por la Constitución.

Ello, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Exp. Nº 00002-2010-PI/TC, la cual declara que dicho régimen, creado por el D. Leg. 1057, debe ser interpretado y entendido como un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que resulta compatible con el marco constitucional.

El Colegiado, de ese modo, añade que corresponde al MTPE dictar las normas necesarias para que, complementando dicha legislación, adopte disposiciones como la fijación de límites para la contratación de este personal, de modo que pueda hacerlo no solo estableciendo porcentajes respecto del total de trabajadores de esta modalidad, sino fijando otros criterios que consideren necesarios.

Según el TC, más allá de las críticas que algunos fallos anteriores hubieran generado en ciertos sectores, corresponde dictar una sentencia interpretativa, la que encuentra su fundamento normativo en diversas disposiciones constitucionales. “El Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que importaría dejar sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional”, refiere.

Al respecto, el laboralista Germán Lora Álvarez, destacó que lo más relevante de esta decisión es la interpretación que se realiza respecto a que el CAS es un contrato laboral especial en el sector público. Es decir, le da el carácter laboral al contrato, modificando la ley y creando un tercer régimen laboral dentro del Estado".
“Lo único que falta en este tercer régimen, dice el TC, es el derecho a la sindicalización y huelga, que no están establecidos, ordenando al MTPE dictar su reglamentación en un plazo de 30 días. Además, termina estableciendo, lo que seguramente no se quiso hacer inicialmente, la vinculación laboral con ellos”, comentó.

Consultado si este fallo favorece o no a los trabajadores bajo el régimen del CAS, respondió que esta decisión deja todo igual, pues la situación de los trabajadores no variará en modo alguno. “Lo que me preocupa, y no lo ha analizado el TC, es que ahora que se reconoce el vinculo laboral con estos trabajadores, qué sucederá al momento del cese o extinción, qué sucederá con la estabilidad laboral”, advirtió.

Reconoce y mantiene régimen especial
La sentencia del TC que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del D. Leg. 1057, que regula el régimen especial CAS, permitirá que las entidades públicas puedan optar por este sistema de contratación de personal antes que por el régimen aplicable en la entidad (D. Leg 276 o D.Leg. 728).

Mientras que, al no pronunciarse sobre la temporalidad del régimen ni la progresividad del reconocimiento de los derechos laborales al personal bajo el CAS, las entidades también podrán aplicarla sin límite de tiempo alguno y en forma permanente, lo cual podría distorsionar el manejo de los recursos humanos en el Estado.

En opinión similar, el experto César Puntriano observó la decisión del TC para que el MTPE emita la regulación relativa a límites cuantitativos para la contratación de personal bajo esta modalidad, así como los derechos de sindicalización y huelga. “No es posible que se emita una norma reglamentaria que regule límites cuantitativos a la contratación, cuando el D. Leg. 1057 no los prevé, pues la norma de inferior rango sería ilegal”, manifestó.
Respecto a los derechos colectivos, agregó que su no regulación en el D. Leg. 1057 no impide considerar que los CAS ostenten su titularidad desde que el TC reconoce al régimen como laboral, aunque se necesitarán normas que desarrollen el respectivo procedimiento que garantice el efectivo ejercicio de los mismos.

Da sentido de progresividad
La sentencia sobre el CAS es quizá la decisión más importante dictada por el TC en lo que va del año. Así, el tribunal reconoce el esfuerzo del Estado para incorporar a los trabajadores profesionales, mayormente, jóvenes egresados de las universidades, al mercado laboral, que ofrece el sector público. Pero, no esencialmente como contratos de servicios administrativos sino más bien como un régimen especial de índole laboral, reconociendo derechos que pertenecen a la esfera de la dignidad de la persona humana, pero con un sentido de progresividad. Se entiende también que los derechos de estos trabajadores se deben perfeccionar a fin nivelarlos con todo lo que la OIT ha considerado como empleo digno y decente.

El Peruano

Reforma laboral

SE PREPARA AREQUIPA Y LAMBAYEQUE


Avanza la implementación de la nueva Ley procesal del trabajo. Así, la norma entrará a regir en Arequipa el 1 de octubre y un mes después hará lo propio en Lambayeque.

Por ello, jueces y personal jurisdiccional de estas sedes judiciales vienen intensificando sus programas de capacitación e inducción al nuevo modelo. Se espera que los colegios de abogados también realicen similares programas con sus agremiados.

El Peruano

Nuevos juicios laborales rigen en La Libertad

Apartir de la fecha


La nueva Ley Procesal del Trabajo, que introduce la oralidad para agilizar todos aquellos procesos laborales, entra en vigencia desde hoy en el distrito judicial de La Libertad, informó el Poder Judicial.

Con esta implementación, ya serían tres las Cortes Superiores de Justicia que cuenta con esta reforma legal, teniendo en cuenta que primero fue Tacna y luego Cañete.
Este Código Procesal Laboral tiene como base el uso intensivo de la tecnología para lograr una justicia ágil, eficaz y predecible, en un ámbito de la actividad jurisdiccional que influye en la confianza de los agentes económicos.

La norma consagra, además, como principios básicos del proceso laboral la intermediación, concentración, economía procesal y veracidad.

Esta nueva Ley Procesal del Trabajo permitirá igualmente la eliminación de la intermediación perversa de peritos y abogados en los procesos laborales, pues el propio trabajador podrá obtener el formato de demanda desde el propio portal institucional del Poder Judicial.
Amplía, de igual modo, la competencia en materia laboral de los juzgados de paz letrado, y establece como obligatorio el cumplimiento de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

Según el cronograma establecido por el equipo técnico de implementación de esta norma, restan dos distritos judiciales en este año, Arequipa (1 de octubre) y Lambayeque (2 de noviembre).

El Peruano

La reposición y los procesos de amparo

ANÁLISIS. a propósito de la reciente decisión del TC

Empleadores deben evitar caer en supuestos de despidos encausados

Estos son precisamente los que conllevan a la reposición del trabajador



Paul Cavalié Cabrera Abogado (*)

La “foto” para efectos de explicar lo que ahora pretendemos sería la siguiente. Un trabajador se incorpora a la empresa a través de una de las varias modalidades contractuales que nuestra legislación contempla para hacerlo sujeto a un determinado plazo. Vencido el mismo (o antes de que ello ocurra), la empresa renueva el contrato, extendiendo el plazo originalmente pactado.

A su finalización, la empresa decide que ya no habrá una nueva prórroga y, por tanto, procede a calcular los beneficios sociales que se hubieran devengado a lo largo de todo el récord laboral: desde la fecha de su incorporación a la empresa hasta la fecha de vencimiento de la renovación contractual. El trabajador cobra sus beneficios sociales, recibe del empleador la carta dirigida a la entidad bancaria para retirar los fondos de su CTS allí depositada, recaba su certificado de trabajo, y aparentemente todo quedaba concluido.


Hoy, sin embargo, si esta persona considerara que la modalidad de los contratos: sea la del primero o la del segundo de ellos (si este último hubiera correspondido a otra modalidad contractual distinta), no se condicen con la causa legal habilitante de su temporalidad, simplemente entenderá que el o los contratos se “desnaturalizaron” y tiene 60 días desde la conclusión del vínculo laboral para ir a un proceso de amparo.


¿Qué supone ello? Que en algún momento, a lo largo de su récord laboral, su vínculo había devenido ya a plazo indeterminado, con la consiguiente protección que ello conlleva. De ahí que considere también que el día que el empleador decidió “no renovarle” una vez más el contrato de trabajo, en realidad lo que estaba aconteciendo es que lo estaba despidiendo “sin expresión de causa”. Traspolada esta situación al ámbito de la jurisdiccional constitucional, y a los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional, estaremos ante un supuesto de despido incausado, cuya reparación acarreará la reposición del trabajador de nuestro ejemplo a su centro laboral.


A mí lo que más me llama la atención, y no solo a partir de esta sentencia sino ya de algún tiempo atrás, es cómo el hecho de enderezar una pretensión hacia una vía procesal u otra origina efectos reparadores absolutamente distintos. Por cierto, nos estamos refiriendo a las vías procesales ordinaria (en este caso “la laboral”) y constitucional (en este caso, a través del proceso de amparo). Un dato en esta dirección ya lo venimos manejando por mucho tiempo. Me refiero a que frente a un despido incausado, si el trabajador encamina su demanda en la vía procesal ordinaria (aun cuando hubiera cobrado sus beneficios sociales), hoy no puede pretender la reposición.
Sin embargo, si el mismo trabajador decide transitar por la vía procesal constitucional del amparo, muy probablemente conseguirá el efecto resarcitorio pleno: su reposición en el empleo. Pues bien, el mismo esquema es perfectamente aplicable al supuesto este de la “desnaturalización”: si su invocación va por la justicia laboral, el demandante podría aspirar a una indemnización; pero si lo hace por la constitucional, como ya hemos anotado, obtiene su reinstalación en el empleo.

Uniformizan tratamiento de las demandas
La reciente sentencia del Tribunal Constitucional ha llamado mucho la atención pues los comentarios se han enfocado al análisis del cobro de los beneficios sociales como una manifestación (o no) de la voluntad extintiva de la relación laboral por el trabajador.

Sin embargo, podríamos advertir que en la vía procesal laboral, el hecho de cobro de los beneficios sociales no invalidaba la interposición y tramitación de una demanda de indemnización por despido arbitrario. Inclusive, las demandas de nulidad de despido podían ser acogidas no obstante haberse verificado en el curso del proceso el aludido cobro previo por parte del trabajador.

Entonces, podríamos afirmar que, con el precedente reciente del TC, se ha configurado un alineamiento con lo que ya se venía dando en la vía ordinaria procesal. El cambio radica en que en la vía procesal constitucional del amparo se daba una suerte de compensación o de balance en dicho proceso.

Así, si bien el efecto reparador podía alcanzar a la reposición, de otro lado operaba, a modo de "filtro", la verificación del cobro de los beneficios sociales de parte del demandante (si este ya se había producido, entonces no procedía la demanda).


(*) Jefe del área laboral de Pizarro, Botto & Escobar.


El Peruano

Restricciones a la libre desafiliación

ANÁLISIS. IDENTIFICAN ENTRAMPAMIENTO LEGAL

Regulación de pensión mínima en el SPP limita solicitudes de retorno

Pese a que aportantes cumplen requisitos y obtendrían pensión mayor


César Abanto Revilla. Oswaldo Caballero Vildoso

Don Jorge es un ex trabajador que inició sus labores a mediados de los setenta y que en la actualidad, con más de 60 años de edad, decide poner fin a sus actividades para jubilarse.
En este escenario, analiza las dos posibilidades que le ofrece el sistema: la jubilación por una AFP en el Sistema Privado (SPP), régimen al cual se afilió en 1993, o tentar la desafiliación para retornar al Sistema Nacional (SNP), régimen a cargo del Estado (ONP) al cual perteneció al iniciar sus labores, pues estaría inmerso en uno de los supuestos fijados por la Ley N° 28991, Ley de Libre Desafiliación Informada.

Luego de consultar con su AFP respecto de las modalidades jubilatorias vigentes en el SPP, considera que le resultaría más ventajoso retornar al SNP, pues tomando en cuenta el ingreso percibido en los últimos años tendría una remuneración de referencial superior a los S/.1,000, por lo cual percibiría una pensión máxima (tope) de S/. 857.36. Inicia así su proceso administrativo de desafiliación, seguro de obtener una respuesta positiva al cumplir los requisitos fijados por la citada ley.

Meses después, recibe una carta de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que le comunica que a pesar de cumplir con el supuesto fijado por ley, no procede su desafiliación al tener el derecho a una pensión mínima (PM) en el SPP por la suma de S/. 485, suma similar a la que percibiría en el SNP.

Dicha restricción está prevista por la Segunda Disposición Transitoria Final (2ª DTF) de la Ley N° 28991. Ante esta eventualidad, don Jorge formula una nueva solicitud de desafiliación, esta vez invocando la causa de falta de información deficiente al momento de la afiliación al SPP, establecida por el Tribunal Constitucional (TC) en la STC N° 1776-2004-AA/TC, ratificada por la STC N° 7281-2006-PA/TC, que fuera incorporada al proceso administrativo de desafiliación por la Resolución SBS N° 11718-2008. Sin embargo, recibe una idéntica respuesta, donde le ratifican la improcedencia de su desafiliación (ahora por esta causal), por la misma razón: tiene derecho a una PM en el SPP.

Don Jorge no entiende por qué debe permanecer en el régimen privado, donde obtendrá una pensión menor a la que le correspondería en el régimen público (SNP), pese a cumplir los supuestos a que alude la ley de desafiliación. Una restricción legal que afecta su derecho constitucional de acceso a la pensión dentro del régimen pensionario que más le conviene.

Revisión del problema
Cuando el SPP es creado a finales de 1992 para coexistir con el SNP en una aparente competencia, en la cual se fijaron una serie de ventajas al régimen privado y –en forma paralela– reglas desalentadoras para el régimen público, existía la posibilidad de retornar de uno a otro (reversibilidad), pero ello duró solo hasta mediados de 1996.
Recién en 1998 se habilita nuevamente la posibilidad de retornar del SPP al SNP a partir de causales de nulidad del contrato de afiliación, pero eran tan restrictivas y específicas que no comprendían los supuestos de la mayoría de afiliados.

A inicios de 2007, el TC dicta la STC N° 1776-2004-AA/TC, que establece tres causales para la desafiliación del SPP, que luego son reproducidas (en parte) por la Ley N° 28991 (que omitió la causal de información deficiente), ante lo cual se inicia un conflicto entre el Poder Ejecutivo (que se negaba a regular dicha causal) y el TC (que dictaba día a día cientos de sentencias acogiéndola), que finalizó el 15/05/2009 al ser publicada la STC N° 0014-2007-PI/TC, que declaró la inconstitucionalidad (en parte) de la citada ley, ratificando –entre otros puntos– la validez de la citada causal.

El problema planteado, sin embargo, no es evaluar las causales de desafiliación, sino publicitar la existencia de una restricción oculta en la norma, que al no ser parte del petitorio de la demanda de inconstitucionalidad de la Ley N° 28991, no podía ser revisada por el TC: la 2ª DTF, que impide beneficiarse con la desafiliación a aquellos que –a pesar de estar en los supuestos previstos por la norma– no podrán retornar al SNP por tener derecho a una PM en el SPP, sin importar si el monto de la pensión a percibir en el régimen público pudiese ser mayor.

La pensión minima en la legislación y la jurisprudencia
La Pensión Mínima (PM) en el SPP fue creada el 18/07/1995 (Ley N° 26504), pero recién fue regulada a partir del 01/01/2002 (Ley N° 27617), cercqa de 10 años después de la creación de dicho régimen.
La finalidad era permitir que los afiliados del SPP cuyas cuentas registraran montos insuficientes en su cuenta individual para acceder a una pensión decorosa tuvieran una prestación mínima garantizada.

Los requisitos para acceder a dicho beneficio era: haber nacido antes de 31/12/1945, acreditar un mínimo de 20 años de aportes entre el SNP y el SPP, y haber aportado teniendo como base el valor de la RMV en cada oportunidad de pago. Si en la STC N° 0050-2004-AI/TC, el TC señaló como uno de los elementos que conforman el contenido esencial del derecho fundamental a la pensión el derecho de acceder a dicha prestación (F107), el mismo que en la STC N° 1776-2004-AA/TC se tomó como referente al señalar que formaba parte de dicha potestad la posibilidad de que el afiliado elija el régimen al cual desea pertenecer.

¿Puede la restricción legal prevista por la 2ª DTF de la Ley N° 28991 ser aplicada por encima o preferentemente respecto a los parámetros fijados por el TC en cuanto al derecho a la pensión? En tanto, el F19 de la STC N° 0014-2007-PI/TC indica que la sola invocación a la causal de información deficiente bastaría para obtener la desafiliación (al retrotraer los efectos hasta el momento previo al acto vulneratorio de afiliación indebida al SPP).

SBS debería evitar demandas
La SBS no debería limitarse a la aplicación de la norma cuestionada (2ª DTF), sino que debería verificar, basándose en el Reporte Situacional (RESIT) del SPP y el SNP, si el monto de la pensión que obtendría el afiliado en el régimen público sería mayor que la PM del SPP, y de ser así, debería conceder la desafiliación; de lo contrario estaremos frente a un reclamo que originará en el corto plazo la interposición de cientos de demandas de amparo en contra del Estado para obtener dicho beneficio: el derecho constitucional a la pensión (y el acceso al régimen más favorable) en contra de una restricción legal, a partir de la aplicación del control difuso constitucional.

Colofón
1 El caso de don Jorge fue planteado como un ejemplo hipotético.

2 Lamentablemente, es un caso de la vida real de los cientos que se repiten día a día con miles de afiliados al SPP que buscan su desafiliación por estar convencidos de que percibirán una pensión mayor (y más justa) en el SNP.

3 Sin embargo, se ven atrapados por una restricción legal en mérito a la cual quedan obligados a permanecer eternamente en un sistema previsional en el cual no desean estar, siendo forzados a percibir una pensión menor a la que les correspondería pertenecer.

El Peruano