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Postulantes a un puesto de trabajo ya no tendrán que presentar certificado de antecedentes penales

El presidente Alan García promulgó una ley que establece solo la presentación de una declaración jurada simple, si los candidatos a un empleo no registran tales antecedentes.


El presidente de la República, Alan García Pérez, promulgó la ley que simplifica la certificación de antecedentes penales de los postulantes a un puesto de trabajo en los sectores público y privado.

La medida establece que no será necesario exigir, a quienes postulan a un cargo, la presentación del certificado de antecedentes penales. El texto refiere que bastará con la presentación de una declaración jurada simple de no registrar antecedentes penales.

Se precisa sin embargo, que en caso de que el postulante salga elegido al cargo y el empleador quiera comprobar sus antecedentes, podrá recién exigirle dichos documentos o solicitar la información al Registro Nacional de Condenas del Poder Judicial.

La norma promulgada será publicada mañana en el diario oficial El Peruano y lleva la firma del jefe de Estado y la del presidente del Consejo de Ministros, José Antonio Chang Escobedo.

MTPE regulará límites al CAS

JURISPRUDENCIA. TC OTORGA ADEMÁS 30 DÍAS PARA REGLAMENTAR DERECHO DE SINDICALIZACIÓN Y HUELGA


Son constitucionales los contratos administrativos del Estado, asevera TC

Se crea tercer régimen laboral en el Estado, coinciden laboralistas

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) deberá dictar en un plazo no mayor de 30 días, la reglamentación necesaria que permita a los trabajadores sujetos a los contratos administrativos de servicios (CAS), el ejercicio del derecho de sindicación y huelga regulado por la Constitución.

Ello, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el Exp. Nº 00002-2010-PI/TC, la cual declara que dicho régimen, creado por el D. Leg. 1057, debe ser interpretado y entendido como un régimen especial de contratación laboral para el sector público, que resulta compatible con el marco constitucional.

El Colegiado, de ese modo, añade que corresponde al MTPE dictar las normas necesarias para que, complementando dicha legislación, adopte disposiciones como la fijación de límites para la contratación de este personal, de modo que pueda hacerlo no solo estableciendo porcentajes respecto del total de trabajadores de esta modalidad, sino fijando otros criterios que consideren necesarios.

Según el TC, más allá de las críticas que algunos fallos anteriores hubieran generado en ciertos sectores, corresponde dictar una sentencia interpretativa, la que encuentra su fundamento normativo en diversas disposiciones constitucionales. “El Tribunal debe actuar responsablemente al advertir que si se declarase la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se generaría un vacío normativo, que importaría dejar sin derechos laborales a quienes han sido contratados bajo su marco regulatorio, situación que sería manifiestamente inconstitucional”, refiere.

Al respecto, el laboralista Germán Lora Álvarez, destacó que lo más relevante de esta decisión es la interpretación que se realiza respecto a que el CAS es un contrato laboral especial en el sector público. Es decir, le da el carácter laboral al contrato, modificando la ley y creando un tercer régimen laboral dentro del Estado".
“Lo único que falta en este tercer régimen, dice el TC, es el derecho a la sindicalización y huelga, que no están establecidos, ordenando al MTPE dictar su reglamentación en un plazo de 30 días. Además, termina estableciendo, lo que seguramente no se quiso hacer inicialmente, la vinculación laboral con ellos”, comentó.

Consultado si este fallo favorece o no a los trabajadores bajo el régimen del CAS, respondió que esta decisión deja todo igual, pues la situación de los trabajadores no variará en modo alguno. “Lo que me preocupa, y no lo ha analizado el TC, es que ahora que se reconoce el vinculo laboral con estos trabajadores, qué sucederá al momento del cese o extinción, qué sucederá con la estabilidad laboral”, advirtió.

Reconoce y mantiene régimen especial
La sentencia del TC que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos del D. Leg. 1057, que regula el régimen especial CAS, permitirá que las entidades públicas puedan optar por este sistema de contratación de personal antes que por el régimen aplicable en la entidad (D. Leg 276 o D.Leg. 728).

Mientras que, al no pronunciarse sobre la temporalidad del régimen ni la progresividad del reconocimiento de los derechos laborales al personal bajo el CAS, las entidades también podrán aplicarla sin límite de tiempo alguno y en forma permanente, lo cual podría distorsionar el manejo de los recursos humanos en el Estado.

En opinión similar, el experto César Puntriano observó la decisión del TC para que el MTPE emita la regulación relativa a límites cuantitativos para la contratación de personal bajo esta modalidad, así como los derechos de sindicalización y huelga. “No es posible que se emita una norma reglamentaria que regule límites cuantitativos a la contratación, cuando el D. Leg. 1057 no los prevé, pues la norma de inferior rango sería ilegal”, manifestó.
Respecto a los derechos colectivos, agregó que su no regulación en el D. Leg. 1057 no impide considerar que los CAS ostenten su titularidad desde que el TC reconoce al régimen como laboral, aunque se necesitarán normas que desarrollen el respectivo procedimiento que garantice el efectivo ejercicio de los mismos.

Da sentido de progresividad
La sentencia sobre el CAS es quizá la decisión más importante dictada por el TC en lo que va del año. Así, el tribunal reconoce el esfuerzo del Estado para incorporar a los trabajadores profesionales, mayormente, jóvenes egresados de las universidades, al mercado laboral, que ofrece el sector público. Pero, no esencialmente como contratos de servicios administrativos sino más bien como un régimen especial de índole laboral, reconociendo derechos que pertenecen a la esfera de la dignidad de la persona humana, pero con un sentido de progresividad. Se entiende también que los derechos de estos trabajadores se deben perfeccionar a fin nivelarlos con todo lo que la OIT ha considerado como empleo digno y decente.

El Peruano

Lecturas de Derecho Penitenciario

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  1. POLITICA PENITENCIARIA CRISIS ESTRUCTURAL
  2. TRATAMIENTO VULNERABILIDAD - ROSA MAVILA LEON
  3. TEORIAS DE LA PENA
  4. REALIDAD PENITENCIARIA EN PERU
  5. RESOCIALIZACION
  6. PROTAGONISMO DE LAS VICTIMAS
  7. ACERCA DE LA FUNCION DE LA PENA
  8. CÁRCELES FEMENINAS
  9. IRRETROACTIVIDAD - CARO CORIA
  10. PLAN NACIONAL PENITENCIARIO
  11. INFORME PENITENCIARIO 2006
  12. LECTURA NUMERO 13
  13. MANUAL DE DERECHOS HUMANOS
  14. PENAS REFORMA PENAL
  15. PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD
  16. CODIGO EJECUCION PENAL
  17. LECTURA Nº 18
  18. DERECHO LIBRE DESARROLLO PERSONALIDAD
  19. DEBATES PENITENCIARIOS